El acuerdo de extradición entre España y Jordania entrará en vigor el próximo 17 de mayo

Eduardo González El próximo 17 de mayo entrará en vigor el Acuerdo de Extradición entre el Reino de España y el Reino Hachemí de Jordania, que fue firmado en Madrid en junio de 2025 con motivo de la visita de trabajo del Rey Abdalá II a España. “El Acuerdo de Extradición entre el Reino de España y el Reino Hachemí de Jordania es fruto del deseo de ambos países de reforzar sus vínculos y de regular las relaciones en el ámbito de la extradición, que hasta su entrada en vigor venían rigiéndose por el principio de reciprocidad internacional”, indicó el Consejo de Ministros en septiembre de 2025, después de aprobar la remisión del texto a las Cortes Generales. El acuerdo, una vez autorizado por el Consejo de Ministros en su reunión del 14 de enero de 2025, fue firmado en Madrid el 5 de junio de 2025 por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno, y por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de Expatriados de Jordania, Ayman Safadi. La firma tuvo lugar con motivo de la visita de trabajo del Rey Abdalá II a España, en la que fue recibido por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En aquella visita, ambos Gobiernos adoptaron también el Acuerdo de Asociación Estratégica, que permite elevar la relación bilateral al máximo nivel posible. En función de este acuerdo, según publicó la semana pasada el Boletín Oficial del Estado (BOE), las partes convienen en concederse mutuamente la extradición de las personas que se encuentren en su territorio y sean reclamadas por la otra parte para ser juzgadas o para la ejecución de una pena impuesta por los órganos jurisdiccionales de dicha Parte por hechos que dan lugar a extradición. La extradición solo se concederá por delitos que estén tipificados en la legislación de ambas partes. Asimismo, si la extradición se solicita para juzgar a una persona por un delito, la pena de prisión correspondiente deberá ser superior a un año conforme a la legislación de ambas partes. Aparte, si se solicita la extradición para ejecutar una pena privativa de libertad, a la persona condenada deberán quedarle por cumplir, al menos, seis meses de dicha pena en el momento de la solicitud. La extradición se denegará cuando la parte requerida considere que el delito por el que solicita la extradición es de carácter político. A los efectos, se considerará que no son delitos políticos ni el atentado o la tentativa de atentado contra la vida o la integridad física del Rey de España, el Rey de Jordania, sus regentes o los miembros de sus familias; ni los delitos de terrorismo. También se denegará cuando la parte requerida tenga motivos justificados para considerar que la solicitud de extradición se ha presentado con el objeto de perseguir o castigar a la persona reclamada por consideraciones de raza, sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas. La extradición también se denegará cuando el delito por el que se solicita la extradición es de carácter meramente militar, la persona reclamada es nacional de la parte requerida, cuando la parte requerida ha concedido el derecho de asilo político a la persona reclamada o cuando los delitos o las penas han prescrito en virtud de la legislación de cualquiera de las partes. Tampoco habrá extradición cuando los órganos jurisdiccionales de la parte requerida ya han dictado una sentencia firme o han puesto fin a un proceso judicial contra la persona reclamada por el delito por el que se solicita la extradición, o cuando la persona reclamada ya ha sido juzgada por dicho delito en un tercer Estado, ha sido absuelta o ha cumplido la pena correspondiente. La extradición también se denegará cuando la parte requirente solicite la extradición con motivo de una pena impuesta en rebeldía, salvo que dicha parte ofrezca garantías jurídicas suficientes de que habrá un nuevo proceso judicial, o cuando el delito por el que se solicita la extradición esté castigado con la pena capital en la legislación de la parte requirente, salvo que esta ofrezca garantías, consideradas suficientes por la parte requerida, de que no se impondrá dicha pena o, si se impone, no se ejecutará.

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