Sumar denuncia las contradicciones entre Exteriores y Justicia a la hora de conceder la nacionalidad a disidentes nicaragüenses

Eduardo González Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha preguntado al Gobierno “a qué obedece la aparente contradicción” entre el compromiso del Ministerio de Asuntos Exteriores de conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los ciudadanos nicaragüenses privados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la decisión del Ministerio de Justicia de desestimar muchas de las solicitudes por “silencio administrativo”. En una pregunta parlamentaria por escrito registrada el pasado 16 de marzo y firmada por el diputado Agustín Santos Maraver (exembajador de España ante la ONU), Sumar recuerda que, el 9 de febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló, expulsó con destino a Estados Unidos y retiró la nacionalidad a 222 disidentes acusados de traición. En respuesta a esta decisión, el Gobierno español anunció su intención de conceder a estas personas de la nacionalidad por carta de naturaleza, una “vía excepcional prevista en el artículo 21 del Código Civil y conforme a las obligaciones derivadas de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, ambas ratificadas por España”. Una semana más tarde, Daniel Ortega decretó la retirada de la nacionalidad y la incautación de sus bienes a otros 94 opositores por esos mismos motivos, tras lo cual el Gobierno español extendió su oferta a este segundo grupo. Asimismo, el 5 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ordenó “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense” y el decomiso de todos sus bienes contra otros 135 presos políticos desterrados a Guatemala por promover “la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional”. Casi un mes más tarde, el 4 de octubre de 2024, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que se extendería la concesión de la nacionalidad española a este nuevo grupo. “Les anuncio que la aumentaremos a los 135 presos políticos que fueron desterrados y desnacionalizados el pasado 5 de septiembre”, afirmó Albares en aquella ocasión. “España, con nuestra política exterior actual, es y será siempre hogar de nuestros hermanos latinoamericanos que defienden la libertad y la democracia”, añadió. Sin embargo, advierte Sumar, “de las 43 personas que presentaron su solicitud de nacionalidad ante las oficinas consulares en Guatemala y San José de Costa Rica, únicamente dos han recibido resolución favorable”. “El resto ha recibido comunicaciones del Ministerio de Justicia en las que se les informa de que, transcurrido un año desde la admisión a trámite de la resolución expresa, su solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo”, prosigue la formación minoritaria en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. “Esta respuesta aplica el procedimiento ordinario, sin instrucción específica ni tratamiento extraordinario que tenga en cuenta la particular gravedad de la situación de estas personas”, advierte. Por ello, Sumar pregunta al Gobierno “a qué obedece la aparente contradicción entre el compromiso público asumido por el ministro de Asuntos Exteriores ante esta Cámara y el tratamiento que el Ministerio de Justicia está dispensando a las solicitudes de nacionalidad presentadas por ciudadanos nicaragüenses privados de su nacionalidad por el régimen de Ortega”. También pregunta “si ha impartido el Ministerio de Asuntos Exteriores instrucciones expresas al Ministerio de Justicia para que las solicitudes de estos apátridas sean tramitadas mediante un procedimiento específico y acorde con la urgencia humanitaria que les es propia, en lugar de quedar sometidas al régimen general de silencio administrativo negativo”, y qué “medidas concretas tiene previsto adoptar el Gobierno para dar cumplimiento efectivo a los compromisos anunciados y garantizar que ninguna de estas personas permanezca en situación de apatridia como consecuencia de la inacción administrativa”. 146 concesiones entre 2023 y 2024 Todas las nacionalidades por carta de naturaleza para nicaragüenses fueron concedidas entre y todos los beneficiados son disidentes expulsados y despojados de su ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo (marido y mujer y copresidentes de Nicaragua). Hasta la fecha se ha concedido la nacionalidad española por carta de naturaleza a 146 disidentes nicaragüenses (98 en 2023 y 24 en 2024), entre los que figuran diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios, comerciantes y figuras tan importantes como Cristiana Chamorro, precandidata presidencial en los comicios de 2021; el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios, fundador del diario local ‘Confidencial’ e hijo de la expresidenta Violeta Chamorro; la socióloga Gertrudis Guerrero, esposa del escritor nicaragüense exiliado Sergio Ramírez; o la escritora Gioconda Belli.

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