Sumar pide que la UE active contra EEUU su propio reglamento de respuesta a la coerción económica

Eduardo González El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha pedido que la Unión Europea active contra Estados Unidos su Reglamento de respuesta a la coerción económica por parte de un tercer país en relación con las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump contra varios miembros europeos de la Corte Penal Internacional (CPI) y contra la italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, por sus posiciones sobre el genocidio de Gaza. En una Proposición no de Ley registrada el pasado 2 de marzo para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, Sumar (socio minoritario en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez) denuncia que las sanciones impuestas por Donald Trump contra miembros de la Corte Penal Internacional y contra Francesca Albanese “no constituyen únicamente un ataque a la Justicia internacional y al sistema de Naciones Unidas sino que afectan de manera directa a ciudadanos y ciudadanas europeas y a los intereses fundamentales de la Unión Europea y de sus Estados miembros”. “Estas medidas unilaterales de carácter extraterritorial”, prosigue, “se han dirigido contra jueces de la Corte Penal Internacional y contra su fiscal jefe, así como contra una jurista con reconocido prestigio que es relatora de Naciones Unidas desde 2022, por el ejercicio legítimo de funciones jurisdiccionales y de defensa de los derechos humanos respectivamente, en aplicación del derecho internacional”. Estas sanciones, recuerda Sumar, “han sido adoptadas explícitamente como represalia por la cooperación con la Corte Penal Internacional y por la adopción de decisiones judiciales relacionadas con la investigación y persecución de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, lo que evidencia su carácter intimidatorio y su finalidad de influir en el ejercicio de la propia función jurisdiccional de la Corte Penal Internacional”. Aparte, estas sanciones “están ocasionado un grave perjuicio económico” y constituyen “una sanción extrajudicial y arbitraria impuesta de forma que ha provocado evidente indefensión, llegando a impedir el acceso a servicios bancarios medios de pago plataformas digitales, titularidades de cuentas corrientes, transporte, alojamiento y comercio electrónico, el cierre de cuentas bancarias y la imposibilidad de realizar transacciones internacionales, incluso dentro de la Unión Europea”. A juicio de Sumar, estas sanciones “impuestas por Estados Unidos contra una relatora de Naciones Unidas y miembros de la Corte Penal Internacional y otros juristas de nacionalidad europea podrían encajar en la definición de coerción económica recogida en el Reglamento (UE) 2023/2675, cuyo artículo 2 establece que existe coerción económica cuando un tercer país aplica o amenaza con aplicar medidas que afectan al comercio o a la inversión ‘con el fin de impedir o conseguir la cesación modificación o adopción de un acto particular por la Unión o un Estado miembro’ y cuando dichas medidas ‘afectan o pueden afectar a los intereses de la Unión’”. “Está claro que el interés de la Unión es la defensa del derecho internacional e impedir la realización de crímenes internacionales como los que se están cometiendo en Palestina”, advierte Sumar, que recuerda también que “el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha condenado estas sanciones, calificándolas de ataque a la independencia e imparcialidad de la Corte Penal Internacional, y ha reafirmado su compromiso con el Estatuto de Roma y con el Derecho internacional”. “El Reglamento (UE) 2023/2675 habilita para la adopción de medidas de respuesta destinadas a contrarrestar la coerción económica y a proteger los intereses de la Unión”, precisa la formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “En este caso, el grave impacto personal y profesional de las sanciones adoptadas por el Gobierno de Donald Trump muestran que la vía meramente declarativa resulta insuficiente y requiere una respuesta política y jurídica firme, como la activación de los mecanismos previstos en citado Reglamento contra la coerción de la UE”, añade. “Defender a los ciudadanos europeos sancionados por ejercer funciones en la CPI o en sistema universal de protección de los derechos humanos no debería ser una opción política sino una obligación jurídica derivada de los valores fundacionales de la Unión y de su compromiso con el derecho internacional”, advierte. Por todo ello, Sumar insta al Gobierno a “promover que la Comisión Europea evalúe y, en su caso, declare conforme al Reglamento (UE) 2023/2675 que las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos contra miembros de la Corte Penal Internacional y la Relatora de la ONU sobre los derechos del pueblo palestino, ciudadanos europeos, constituyen un supuesto de coerción económica por parte de un tercer país, que afecta directamente a los intereses de la Unión y a los derechos de sus ciudadanos”. En tal caso, pide al Gobierno que impulse en la Unión Europea la activación de los mecanismos previstos en el Reglamento “con el fin de adoptar medidas destinadas a intentar neutralizar los efectos de dichas sanciones dentro del territorio de la Unión y a proteger a los ciudadanos europeos afectados”.

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