La Asociación de Diplomáticos advierte de la falta de cobertura sanitaria a parejas de funcionarios en el exterior

Eduardo González La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha advertido al Ministerio de Asuntos Exteriores de “la grave situación de desprotección” que sufren varios cónyuges o parejas de hecho de funcionarios destinados en el exterior “al verse privados de la cobertura sanitaria que provee MUFACE a través de la Nueva Mutua Sanitaria” y le ha pedido, por ello, “que emprenda acciones para dar solución a esta situación injusta y discriminatoria”. En una carta enviada este pasado jueves, 19 de marzo, por el presidente de la Junta Directiva de la ADE, Alberto Virella, al subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Xavier Martí Martí, la Asociación asegura que varios cónyuges o parejas de hecho de funcionarios destinados en el exterior “han sido desprovistos de cobertura sanitaria aun conviviendo con ellos” a pesar de que la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (LASEE) de 2014 establece, en su Artículo 59.4 “Del apoyo a las familias”, que “los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el extranjero y sus beneficiarios tendrán derecho a que se les facilite el acceso a una cobertura sanitaria similar a la que tendrían de estar prestando sus servicios en el territorio español”. “A pesar de lo establecido en el mencionado artículo, y por aplicación de otras normas que no tienen en cuenta la especificidad del Servicio Exterior”, los cónyuges o parejas de hecho de funcionarios en el exterior “dejan de ser beneficiarios de MUFACE - Nueva Mutua Sanitaria, y quedan por ello sin cobertura sanitaria de facto”, cuando “disponen de una pensión del Estado, incluso si el montante es inferior a la pensión mínima” o cuando “trabajan por cuenta ajena o propia y perciben una compensación económica por un trabajo esporádico u ocasional de monto superior al umbral estipulado para ser beneficiario, pero insuficiente para subsistir en el extranjero y sufragar un seguro médico por sus propios medios”, prosigue la carta. Por ello, estas personas, al ser residentes legales en el extranjero (aunque, en general, residentes fiscales en España), no tienen derecho efectivo a la cobertura sanitaria ordinaria de la Seguridad Social y, desprovistos de la condición de beneficiarias de MUFACE, “se encuentran en una situación de desprotección no contemplada en la citada Ley”, lo que revela, que, “una vez más, la normativa general de nuestro país no contempla adecuadamente la casuística que conlleva contar con una Administración General del Estado en el exterior, con empleados públicos desplazados con sus familias”, advierte la ADE. Por todo ello, los cónyuges o parejas de hecho profesionales se ven obligados a cotizar a un sistema (Seguridad Social) cuya asistencia sanitaria no pueden utilizar de forma ordinaria si residen fuera de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, “viéndose abocados a contratar un seguro médico privado”. Aparte, cuando se logra contratar un seguro, debido a los cambios sucesivos entre seguros locales, españoles y de expatriación a lo largo del tiempo, se pierde reiteradamente antigüedad y períodos de carencia, con el consiguiente impacto en la cobertura. En algunos casos, se ven obligados incluso a “renunciar a sus carreras profesionales al ir a determinados países donde la cobertura sanitaria privada es muy costosa”. “Teniendo en cuenta que, en particular respecto a las parejas jubiladas, la mayoría son todavía mujeres, nos encontramos ante una discriminación que perjudica sobre todo a éstas”, advierte la ADE. La Asociación es “consciente” de que esta situación se debe “a omisiones y a incoherencias en el marco normativo vigente” y advierte de que, aunque “alguien podría considerar que, por lo tanto, la actuación de la Administración es conforme a Derecho”, ello no es óbice para que sea considerada injusta, injustificable y discriminatoria. “Creemos que debería contemplarse una interpretación de la normativa que facilitara la cobertura sanitaria en el extranjero para estas personas”, porque “el espíritu de la norma es proteger a los beneficiarios, no dejarles sin cobertura sanitaria, consecuencia de no tener en cuenta la compleja realidad de las familias del Servicio Exterior”. En este contexto, la ADE considera que el Ministerio de Asuntos Exteriores “está perfectamente legitimado para impulsar la reforma normativa necesaria” y se encuentra “en posición para cuantificar el número de personas afectadas” por esta situación. “Sin duda, contarán con la colaboración de los funcionario/as y sus parejas afectadas y ello facilitará la pronta contratación del adecuado seguro de cobertura sanitaria”, advierte la Asociación, que propone, como posible solución, “la posibilidad de explorar la contratación de una póliza de seguro ad hoc o la ampliación del actual por parte del Ministerio”.

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