Exteriores lanza su III Plan Mujeres, Paz y Seguridad en “un contexto internacional de aumento de conflictos”

The Diplomat El Ministerio de Asuntos Exteriores presentó este lunes, 2 de marzo, el tercer Plan Nacional de Acción Mujeres, Paz y Seguridad (2025-2030), que sucede a los dos anteriores de 2007 y 2017 y cuyo lanzamiento coincide con “un contexto internacional marcado por un aumento histórico del número de conflictos armados”. Durante la presentación del Plan, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo mención a la escalada de violencia en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y advirtió de que “la paz y la seguridad solo pueden ser sostenibles cuando las mujeres participan plenamente en la toma de decisiones y cuando sus derechos se integran en todas las fases de la prevención, la gestión y la resolución de conflictos”. El plan, elaborado de forma coordinada por trece ministerios y con la colaboración de organizaciones feministas, redes de mujeres mediadoras, defensoras de derechos humanos y actores internacionales, llega “en un contexto internacional marcado por un aumento histórico del número de conflictos armados, el deterioro del espacio humanitario y retrocesos significativos en los derechos de mujeres y niñas”, según el Ministerio. “La erosión de la igualdad y la violación de los derechos de las mujeres impactan negativamente en la fortaleza de las instituciones democráticas”, advirtió el ministro. El plan cuenta con cinco líneas de acción prioritarias: el refuerzo de la diplomacia preventiva y la participación paritaria en la toma de decisiones, el impulso a la participación plena y segura de las mujeres en procesos de paz, mediación y desarme; la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas, con una política firme de tolerancia cero frente a la violencia sexual; la integración de la perspectiva de género en la acción humanitaria, incluido el acceso a la salud sexual y reproductiva; y la institucionalización de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en toda la Administración. Los dos planes anteriores España había adoptado hasta el momento dos planes nacionales de acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad, en 2007 y en 2017. El primero fue aprobado en noviembre de 2007 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de una política exterior basada en la defensa de la paz y la seguridad internacionales y en la lucha contra la discriminación por razón de género. Siete años antes, el 31 de octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había aprobado una resolución (la “Resolución CSNU 1325”), con el impulso de la sociedad civil, que ponía el acento en el vínculo entre la participación de las mujeres y la paz y la seguridad internacionales, pero, desde entonces, muy pocos países habían trasladado ese vínculo al ámbito nacional con la aprobación de planes nacionales de acción con ámbito objetivos claros y con mecanismos adecuados para llevarlos a cabo. El segundo plan, para el periodo 2017-2023, fue puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, en aplicación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Agenda 2030 (“La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”). Este segundo plan, cuya aprobación había sido anunciada por el propio Rajoy en octubre de 2015, durante su intervención en un debate del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad en el marco de la presidencia española de este organismo, incluía nuevos objetivos respecto al anterior, como integrar la perspectiva de género en la prevención, gestión y resolución de conflictos y la consolidación de la paz, hacer realidad la participación significativa de las mujeres en los procesos de prevención, gestión y solución de conflictos, garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto y postconflicto e introducir de forma efectiva la perspectiva de género en la definición de las medidas concretas de reparación y recuperación de las víctimas.

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