Eduardo González
La Archidiócesis de Cartagena de Indias ha comunicado al Gobierno español que no renovará, después de casi treinta años, el acuerdo para el usufructo del histórico Convento de Santo Domingo como sede de la Cooperación Española en esta ciudad colombiana. El Partido Popular ha atribuido este hecho a la “falta de interés o la dejadez irresponsable” del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno ha asegurado que ha “hecho innumerables intentos” para conseguir la renovación del contrato, pero se ha encontrado “en todo momento” con la negativa “firme” de la Archidiócesis.
El pasado 1 de octubre, la Archidiócesis de Cartagena de Indias informó por carta al Gobierno español de su intención de asumir, a partir del 9 de noviembre de 2027, la plena gestión y administración del Convento de Santo Domingo, el edificio que alberga el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) desde 1999 en virtud de un contrato de comodato, un acuerdo mediante el cual una parte cede gratuitamente a otra el uso temporal de un bien con la obligación de devolverlo en las mismas condiciones.
Como consecuencia de ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró el pasado 25 de noviembre una pregunta parlamentaria por escrito al Gobierno en la que recuerda que el convento es “uno de los edificios más emblemáticos de España en América” y que tanto la restauración del inmueble como su mantenimiento “durante estos 30 años” fueron financiados “enteramente” por España.
Según el PP, con esta decisión de la Archidiócesis “se pierde la sede de uno de los centros de formación de la Cooperación Española más activos y por el que han pasado miles de funcionarios y profesionales de ambas orillas del Atlántico”. “La destacable contribución del Centro de Formación de Cartagena en la consolidación de administraciones públicas más eficientes en Iberoamérica se complementaba con una programación cultural de gran calidad”, hasta el punto de considerarse “un emblema de la presencia de España en Colombia”, prosigue.
El PP asegura también que, desde la creación del Centro, la colaboración con las instituciones eclesiásticas colombianas, y especialmente con la Archidiócesis de Cartagena, “fue ejemplar” y recuerda, a modo de ejemplo, que el CFCE de Cartagena Indias “acogió en septiembre de 2017 actividades del Papa Francisco en su visita pastoral a Colombia”.
Por ello, prosigue, “causa perplejidad que dicha colaboración se haya roto y que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Colombia no hayan sido capaces de conseguir un acuerdo de renovación del comodato que permita a España continuar con el uso del edificio”.
Según el Grupo Popular, “consta que los términos de la negociación con la Archidiócesis de Cartagena no han sido los más adecuados para generar un clima positivo entre las partes” y que “se han planteado a la Archidiócesis de Cartagena plazos perentorios para las contestaciones y se ha destilado en las comunicaciones de nuestra Embajada un tono de imposición con un deje de soberbia”.
Aparte, asegura el PP, “no consta que haya habido ninguna reunión” entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y las autoridades eclesiásticas colombianas, “lo que denota o una falta de interés del titular de esa cartera o una dejadez irresponsable de sus funciones”.
Por todo ello, el Partido Popular pregunta al Gobierno si está “en condiciones de alcanzar un acuerdo que evite la lamentable pérdida del uso del claustro del Convento de Santo Domingo” y si ha habido alguna reunión entre Albares “o, al menos, la secretaria de Estado de Cooperación y la Archidiócesis de Cartagena para buscar la renovación del acuerdo de uso”. Por último, el PP pide al Gobierno que aclare si tiene un plan para, “en caso de no llegarse a un acuerdo”, seguir asegurando la continuidad de las actividades del centro de Cartagena de Indias “y la presencia de España en el Caribe colombiano con un edificio tan emblemático como el del citado claustro”.
Respuesta del Gobierno
En su respuesta por escrito, emitida el 9 de febrero y publicada dos semanas más tarde por el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCGE), el Gobierno asegura que el acuerdo de comodato entre la Arquidiócesis de Cartagena y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) “está llegando a su fin” y la Archidiócesis de Cartagena ha decidido, por “razones pastorales y económicas”, retomar su gestión, en virtud de la cláusula séptima de dicho comodato.
“Por parte del Gobierno de España se han hecho innumerables intentos para abrir una negociación y ofrecer propuestas de colaboración con la AECID que permitiesen la continuidad del Centro en el claustro de Santo Domingo”, pero se ha encontrado “en todo momento” con la negativa de la Archidiócesis, que tiene la “voluntad firme” de recuperar el inmueble para su labor misional y su sostenimiento económico. “Actualmente, se están evaluando alternativas que permitan la continuidad de las actividades del Centro de Formación en otro emplazamiento”, concluye.