España y una veintena de países condenan las últimas decisiones de Israel para “controlar ilegalmente” Cisjordania

Eduardo González El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y sus homólogos de otros 18 países han condenado este lunes, “en los términos más enérgicos”, las recientes decisiones de Israel para extender “el control ilegal israelí sobre Cisjordania”. En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de España, Brasil, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Indonesia, Irlanda, Egipto, Jordania, Luxemburgo, Noruega, el Estado de Palestina, Portugal, Qatar, Arabia Saudí, Eslovenia, Suecia y Turquía y los secretarios generales de la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica condenan “en los términos más enérgicos” estas decisiones, que “reclasifican tierras palestinas calificándolas de ‘tierras estatales’ israelíes, aceleran la actividad de colonización ilegal y afianzan aún más la administración israelí”. El pasado 8 de febrero, el Gobierno israelí decidió dejar sin efecto la ley que limita la adquisición de inmuebles y el registro de propiedad en Cisjordania, así como las medidas administrativas que le conceden jurisdicción sobre violaciones de gestión de aguas, daños medioambientales o en espacios arqueológicos en las áreas A y B. Una semana más tarde, el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu aprobó el registro de amplias zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”. Estas decisiones fueron adoptadas a propuesta del ministro de Finanzas y líder ultranacionalista, Bezalel Smotrich; el ministro de Justicia, Yariv Levin; y el ministro de Defensa, Israel Katz. “Es evidente que los asentamientos ilegales de Israel y las decisiones destinadas a promoverlos constituyen una violación flagrante del derecho internacional, incluidas resoluciones previas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024”, advierte el texto. “Estas decisiones forman parte de una trayectoria clara que tiene por objeto cambiar la realidad sobre el terreno y promover una anexión de facto inaceptable”, socavan “los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, entre ellos el Plan de 20 puntos para Gaza”, y amenazan “cualquier perspectiva relevante de integración regional”, prosigue. Por ello, “instamos al Gobierno de Israel a que las revoque de inmediato, respete sus obligaciones internacionales y se abstenga de tomar medidas que den lugar a cambios permanentes en la situación jurídica y administrativa del Territorio Palestino Ocupado”. La declaración recuerda que estas decisiones se producen tras “la aceleración sin precedentes de la política de asentamientos de Israel, con la aprobación del proyecto E1 y la publicación de su licitación”. “Tales acciones constituyen un ataque deliberado y directo a la viabilidad del Estado palestino y a la implementación de la solución de dos Estados”, advierte. “Reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino Ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este. Nos oponemos a cualquier forma de anexión”, afirman los países firmantes. “En vista de la alarmante escalada de violencia en Cisjordania”, la declaración insta también a Israel “a que ponga fin a la violencia de los colonos contra los palestinos, entre otras cosas haciendo que los responsables rindan cuentas”, y reafirma el compromiso de los países firmantes “de adoptar medidas concretas, de conformidad con el derecho internacional, para combatir la expansión de asentamientos ilegales en territorio palestino y las políticas y amenazas de desplazamiento forzoso y anexión”. “En el mes sagrado del Ramadán, también destacamos la importancia de preservar el statu quo histórico y jurídico en Jerusalén y sus Santos Lugares, reconociendo el papel especial que desempeña en este sentido la custodia hachemita”, continúa. “Condenamos las reiteradas violaciones del statu quo en Jerusalén, que constituyen una amenaza para la estabilidad regional”, advierte. Los ministros piden también a Israel que libere “inmediatamente” los ingresos fiscales retenidos a la Autoridad Palestina y advierten de que “esos ingresos deben transferirse a la Autoridad Palestina, de conformidad con el Protocolo de París, y son vitales para la prestación de servicios básicos a la población palestina en Gaza y Cisjordania”. “Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con el logro de una paz justa, completa y duradera en Oriente Medio sobre la base de la solución de dos Estados, en consonancia con la Iniciativa de Paz Árabe y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas” y a partir “de las fronteras del 4 de junio de 1967”, continúa el comunicado conjunto. “Tal y como se refleja en la Declaración de Nueva York, el fin del conflicto palestino-israelí es imprescindible para la paz, la estabilidad y la integración regionales” y, en ese sentido, “sólo mediante la creación de un Estado palestino independiente, soberano y democrático se podrá lograr la coexistencia entre los pueblos y los Estados de la región”, concluye.

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