España empeora en tres puestos su posición en el ranking mundial de percepción de la corrupción

The Diplomat España figura en la posición 49 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International, que mide la corrupción en el sector público de 182 países y territorios. España ha bajado un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (IPC 2025) de Transparency International (presentado este martes, 10 de febrero) con respecto al año anterior (IPC 2024), con una puntuación de 55/100. Esta calificación sitúa a España en la posición 49/182 del ránking global del IPC, al igual que Chipre y Fiyi y con una posición por encima de Italia (puntuación 53/100), dos puestos por encima de Polonia (puntuación 53/100), y dos puestos por debajo de Portugal (puntuación 56/100, que este año también desciende un punto). España desciende así tres posiciones en el ránking mundial con respecto a 2024. A la cabeza del Índice se encuentran dos países de la UE, Dinamarca y Finlandia, seguidos de Singapur, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Suiza. A la cola, aparecen Cuba, Guyana, Hungría, Macedonia del Norte, Tanzania y Albania. En la mayoría de los Estados miembros de la UE se aprecia un descenso general de la puntuación, lo que refleja “un preocupante estado de estancamiento en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción y una creciente erosión de los mecanismos de rendición de cuentas”, según la organización. Este retroceso se inserta en una tendencia global de debilitamiento de la lucha contra la corrupción, agravada por la pérdida de liderazgo internacional y por el deterioro del papel de Estados Unidos, “cuya ausencia de compromiso en la aplicación de instrumentos clave contra el soborno transnacional socava la presión internacional para impulsar reformas efectivas”. En este contexto, España también desciende del puesto número 16/27 al 17/27 de los Estados miembros de la Unión Europea, ha sido superada por Portugal (puntuación 56/100) y Eslovenia (puntuación 58/100) y comparte puntuación con Chipre (puntuación 55/100). “El resultado obtenido por España en el CPI 2025 no resulta inesperado”, señala Transparency Intdernational. “Evidencia la necesidad de reforzar el enfoque estructural y holístico de las políticas anticorrupción, cuya eficacia construcción depende de la existencia de consensos políticos básicos para sacar adelante las reformas legislativa necesarias, así como de un compromiso institucional efectivo y continuado”. Del análisis conjunto de los informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, las evaluaciones de GRECO y los del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se deduce un diagnóstico coincidente: España ha registrado avances significativos en el plano normativo e institucional, pero está en una fase todavía incipiente de consolidación y aplicación efectiva las reformas legislativas. En este sentido, el informe advierte de que sigue pendiente uno de los instrumentos más importantes para garantizar la coherencia institucional anticorrupción: la elaboración de una Estrategia Nacional Anticorrupción, cuya adopción resulta legalmente exigible desde septiembre de 2024. Si bien se llevó a cabo la publicación del Plan Estatal de lucha contra la Anticorrupción, esto no suple los esfuerzos de integración y visión holística necesarios que son los elementos nucleares de una Estrategia. Transparency International España formuló el pasado mes julio cien recomendaciones para impulsar una estrategia nacional anticorrupción. En este marco, según la organización, “resulta imprescindible avanzar en el consenso político necesario para que las Cortes Generales conviertan las propuestas y proyectos de ley, así como los distintos planes en leyes efectivas, dotadas de medios y de mecanismos de rendición de cuentas, de forma que la agenda anticorrupción deje de ser un catálogo de intenciones y se convierta en un conjunto de reformas aplicadas, visibles y capaces de mejorar de manera real los indicadores de integridad, Estado de derecho y confianza pública”.

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