<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Junta directiva de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) se ha dirigido al subsecretario de Asuntos Exteriores, Xavier Martí Martí, para trasladarle su “gran preocupación” por la sobrecarga de trabajo que sufren los empleados de las representaciones de España en el exterior, especialmente durante los procesos electorales. En su respuesta, el Ministerio se ha comprometido a “compatibilizar adecuadamente” las “circunstancias de los funcionarios” con su “obligación de prestar un servicio público de calidad”.</strong></h4> Según informó la ADE este pasado martes, 27 de enero, en un comunicado, la Junta directiva ha trasladado a Martí “su gran preocupación por la sobrecarga de trabajo que no cesa de incrementarse en gran número de nuestras representaciones en el exterior, sin que aumenten los recursos humanos de que disponen”. El incremento de las tareas recae en “equipos ya saturados de trabajo” y los “diplomáticos y demás empleados públicos” afectados por esta situación “no encuentran de las autoridades del Ministerio comprensión, apoyo ni respuestas positivas que eviten el deterioro de las condiciones de trabajo, lo cual les impacta en lo personal y también a sus familias”. Como muestra, la ADE hace mención a los procesos electorales, “los cuales pueden sucederse en cadena, de nuevo, a lo largo de 2026, y que exigen una amplia dedicación del personal de los Consulados generales y secciones consulares de las embajadas, en especial, de los diplomáticos, que han recibido instrucciones de que no se autorizarán sus permisos durante los periodos de voto, ‘salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas’”. Al respecto, la ADE cita el caso de un asociado que se vio afectado por la aplicación de esta normativa durante el reciente proceso electoral en Extremadura y a quien no se le concedió un permiso, a pesar de tener “sus vacaciones autorizadas” y “los billetes comprados para venir a España cuando las elecciones se convocaron”, a causa de “una valoración muy limitante del concepto de fuerza mayor”. La ADE recuerda también que, en 2024, cuando en el primer semestre se sucedieron cuatro procesos electorales, en los Consulados generales y secciones consulares hubo, en consecuencia, una “congelación” de vacaciones de entre tres y cuatro meses. “Creemos que el criterio de fuerza mayor debe no sólo ser interpretado de modo más flexible, sino que, además, debe regirse con un sentido de proporcionalidad”, advierte la Asociación, que “desea conocer dónde se encuentra recogido que los funcionarios deban renunciar a vacaciones autorizadas y sufrir pérdidas patrimoniales y de otra índole”. En su comunicación con Martí, ADE lamenta “este trato draconiano a los funcionarios, no sólo cuando suceden procesos electorales sino en cualquier otra situación o circunstancia”, y advierte de que “la administración pública en un Estado de Derecho debe respetar los derechos y la dignidad de sus empleados, garantizar que se cumplan los procedimientos, que las decisiones que les afectan directamente se adopten de manera racional y razonada y facilitar las adecuadas condiciones de trabajo”. “Por eso trasladamos a la Subsecretaría que nos parecen sumamente graves la inflexibilidad demostrada por Servicios Centrales, la vacuidad otorgada al concepto de fuerza mayor, la flagrante vulneración del respeto a la conciliación familiar y la indiferencia ante la garantía de prestación del servicio, y solicitamos que se instruya a las unidades competentes para que tomen decisiones más adecuadas ante las situaciones que pueden producirse a lo largo del año o en el futuro”, prosigue el texto. En respuesta a esta gestión, la ADE recibió el lunes de esta semana una comunicación de la Subsecretaría, por indicación del subsecretario, en los siguientes términos: “Podéis tener la seguridad que, de cara a futuros procesos electorales, se analizarán detenidamente, y caso por caso, los distintos supuestos que puedan plantearse, con el objetivo de compatibilizar adecuadamente las distintas circunstancias de los funcionarios con la obligación de prestar un servicio público de calidad que garantice los derechos fundamentales, inherente a las funciones consulares”.
