<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la Unión Europea abordará este lunes, 26 de enero, la situación del Estado de Derecho en la UE, con especial atención a los casos de Dinamarca, España, Estonia y Grecia.</strong></h4> El CAG debate periódicamente el Estado de Derecho en la UE y los Estados miembros, en particular en lo que respecta a la revisión de los avances y la evolución sobre el terreno, a través del llamado “diálogo anual sobre el Estado de Derecho”. Aparte, el Consejo adopta todos los años recomendaciones específicas para cada país, incluso en aspectos como la independencia, la eficiencia o la calidad del sistema judicial. En el caso de España, el debate se basará en las conclusiones del capítulo sobre España del Informe sobre el Estado de Derecho emitido el 8 de julio de 2025. En aquel documento, se destacaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España como resultado del diálogo estructurado mantenido en 2024 por mediación de la Comisión Europea y la adopción de una serie de medidas para impulsar el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados. También tomaba nota de la puesta en marcha de las medidas para modificar el estatuto del fiscal general del Estado, “si bien algunas partes interesadas se muestran abiertamente críticas con esta reforma”, y de otras medidas relacionadas con el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales. Asimismo, destacaba la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, el refuerzo de la asistencia jurídica gratuita y la aplicación de nuevas medidas para mejorar la digitalización de la justicia y hacer frente a las dificultades respecto de los recursos del sistema judicial. “Los actos de protesta que están llevando a cabo los jueces, magistrados y fiscales son el reflejo de las reservas que tienen estos colectivos respecto de la propuesta de reforma del poder judicial”, advertía el informe. “La duración de los procesos judiciales, en particular los sustanciados por el Tribunal Supremo, sigue siendo un problema y se han tomado nuevas medidas para mejorar la situación”, añadía. Por otra parte, el informe recordaba que el Tribunal Constitucional “ha declarado que la Ley de amnistía es compatible con la Constitución Española”. También destacaba la adopción de “medidas para promover los principios del Estado de Derecho”, la creación de “un nuevo organismo para la igualdad” y la presentación de “una proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de resolver las cuestiones que venían planteando las partes interesadas”. El informe advertía de que el Gobierno “está obligado por ley a aprobar una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción, si bien la actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha”. “La cooperación entre las distintas autoridades de lucha contra la corrupción sigue siendo buena y ha mejorado la eficiencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el desempeño de sus funciones a pesar de las limitaciones existentes de recursos”, proseguía. Por otra parte, el documento indicaba que estaba pendiente de aprobación el Anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. “No se ha seguido avanzando en la aplicación de la recomendación de mejorar el acceso a la información; se sigue esperando a que se apruebe la nueva Ley”, añadía. “A pesar de las medidas contempladas en las nuevas propuestas legislativas, los periodistas siguen enfrentándose a cada vez más dificultades en relación con las condiciones laborales y su seguridad”, aseguraba el informe.
