<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Comisión Europea ha expresado este lunes, 26 de enero, su “satisfacción” por los “avances” en materia de Estado de Derecho en España y otros tres países de la UE, al tiempo que ha destacado, sin más precisiones, que existen áreas “donde se necesitan más esfuerzos”.</strong></h4> El Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la Unión Europea abordó este lunes en Bruselas la situación del Estado de Derecho en Dinamarca, España, Estonia y Grecia. El CAG debate periódicamente el Estado de Derecho en la UE y los Estados miembros a través del llamado “diálogo anual sobre el Estado de Derecho” y adopta recomendaciones específicas para cada país en aspectos como la independencia, la eficiencia o la calidad del sistema judicial. “El Consejo de Asuntos Generales” ha abordado “discusiones muy importantes y constructivas sobre la situación del Estado de derecho en cuatro Estados miembros y sobre la fuerza y la resiliencia democrática de Europa”, declaró la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, en la rueda de prensa posterior al CAG. “Juntos, la democracia y el Estado de derecho ofrecen las salvaguardias fundamentales para la justicia, los derechos fundamentales y la igualdad en todos nuestros Estados miembros”, prosiguió. En estos momentos de “creciente polarización política, presión sobre las instituciones democráticas, desafíos a nuestra economía y amenazas externas crecientes, proteger y promover el Estado de derecho es más importante que nunca”, advirtió. Según la vicepresidenta, durante las discusiones, la Comisión “presentó los hallazgos del informe sobre el Estado de Derecho de 2025 en estos cuatro Estados miembros, acogiendo con satisfacción los avances logrados, al tiempo que destacó las áreas donde se necesitan más esfuerzos”, añadió Henna Virkkunen, sin añadir más detalles ni sobre los avances ni sobre las áreas que se deben mejorar. Antes de la reunión, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, declaró a la prensa que se trata de “la segunda vez que España se somete a este diálogo, que hemos apoyado firmemente desde nuestra Presidencia”, en el segundo semestre de 2023. “De hecho, es la segunda vez que ocurre y la segunda vez que me toca a mí defender la situación y las respuestas que se dan desde España a las recomendaciones que anualmente la Comisión nos traslada en sus informes de Estado de Derecho”, prosiguió. Este diálogo, añadió, se produce “en un año especial para España, en el que cumplimos 40 años en la Unión Europea”, una adhesión que ha contribuido a una “verdadera transformación de nuestro país” y al “fortalecimiento de nuestra democracia”. <h5><strong>El informe de julio de 2025</strong></h5> Durante el debate, la Comisión presentó sus principales conclusiones respecto al capítulo específico de cada país en su informe sobre el Estado de derecho de 2025 y las delegaciones implicadas expusieron sus avances nacionales y los aspectos particulares de su marco nacional de Estado de derecho. A continuación se produjo una ronda de comentarios y preguntas en las que otras delegaciones compartieron sus experiencias y mejores prácticas sobre los desarrollos mencionados. La UE no ha dado más detalles sobre este diálogo. En todo caso, el debate se basó en las conclusiones del capítulo para España del Informe sobre el Estado de Derecho emitido el 8 de julio de 2025. En aquel documento, se destacaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España como resultado del diálogo estructurado mantenido en 2024 por mediación de la Comisión Europea y la adopción de una serie de medidas para impulsar el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados. El informe también recordaba que el Tribunal Constitucional “ha declarado que la Ley de amnistía es compatible con la Constitución Española” y destacaba la adopción de “medidas para promover los principios del Estado de Derecho”, la creación de “un nuevo organismo para la igualdad” y la presentación de “una proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de resolver las cuestiones que venían planteando las partes interesadas”. El informe advertía de que el Gobierno “está obligado por ley a aprobar una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción, si bien la actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha”. “La cooperación entre las distintas autoridades de lucha contra la corrupción sigue siendo buena y ha mejorado la eficiencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el desempeño de sus funciones a pesar de las limitaciones existentes de recursos”, proseguía. Por otra parte, el documento indicaba que estaba pendiente de aprobación el Anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. “A pesar de las medidas contempladas en las nuevas propuestas legislativas, los periodistas siguen enfrentándose a cada vez más dificultades en relación con las condiciones laborales y su seguridad”, aseguraba el informe.
