Por Mario Alejandro Scholz, abogado, analista de Política Internacional y colaborador de la Fundación Alternativas
VIRAJE A LA DERECHA
A la manera del clásico péndulo entre extremos, las elecciones libres en el continente americano están llevando al reemplazo de gobiernos izquierdistas, o al menos reformistas o liberales en el sentido clásico, por sectores de derecha y hasta ultra conservadores. La anterior “marea roja” -una denominación peyorativa sobre aquellos grupos más identificados con el progresismo, aunque muchos de carácter más bien populista- ha dado lugar en el reflujo a una “marea azul”, que comienza a cubrir el continente de Norte a Sur.
Este recorrido azul debería haber empezado por Canadá tras la renuncia del premier liberal Justin Trudeau, aunque la irrupción de Donald Trump proponiendo absorber a su vecino como otro estado provincial y, además, con una agresión comercial que rompió anteriores acuerdos dentro del marco del NAFTA, le permitieron al sucesor liberal Mark Carney ganar una elección que parecía perdida de antemano. Allí Trump actuó como dique contra su propia marea azul.
Estados Unidos, obviamente, ya se encuentra desde 2025 bajo el tinte ultra conservador, y al sur del Río Grande solo dos gobiernos importantes se mantienen dentro del sesgo reformista, el México de Claudia Sheinbaum y el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. El éxito del mediático Nahib Bukele con sus cárceles abiertas para expatriados en El Salvador ha influido en el reciente triunfo de Nasray Asfura en Honduras, siendo estas dos naciones de América Central, junto con la vecina Guatemala (hoy gobernada por el progresista Bernardo Arévalo), las más dañadas en el pasado reciente por las mafias del narcotráfico, allí denominadas “maras”, que hicieron imposible la vida normal que los ultras buscan restablecer, claro que a su manera.
En el sur, además de Lula, se sostienen todavía el gobierno socialista de Gustavo Petro en Colombia, hoy con popularidad en baja, y el muy peculiar chavismo en Venezuela tras el secuestro de Maduro por EEUU, mientras que en Uruguay si bien gobierna una línea progresista, el Frente Amplio con el presidente Yamandú Orsi, debe entenderse que es notablemente moderada.
Del otro lado, en Paraguay sigue gobernando el tradicional partido colorado de derecha con la presidencia de José Peña; en Ecuador el conservador Daniel Noboa ganó las últimas elecciones, prometiendo el combate al delito y el crimen organizado; mientras que en Perú una nueva movida del Parlamento desalojó a la cuasi inocua Dina Boluarte para entronizar a José Juri, también de derecha; en Bolivia ganó las elecciones el conservador moderado Rodrigo Paz, mientras que ya hace dos años que en Argentina Javier Milei, un histriónico ultra de derecha, se mantiene en el poder con fuerte apoyo de Donald Trump y su gobierno.
Ahora llegó el turno de Chile, y allí las cosas tienen un costado genérico, puesto que la derecha ganó ampliamente las elecciones con tres candidatos que en primera vuelta concentraron una suma de más del 50 % del electorado, frente a la izquierda del oficialista Frente Amplio, liderado por Jeannette Jara, del partido comunista. En segunda vuelta el conservador Kast derrotó a Jara con el 58 % de los votos.
Pero ese costado, asimilable al éxito global de la “marea azul”, confronta del otro lado con un conjunto de peculiaridades autóctonas que lo hacen, al menos en perspectiva, un fenómeno bastante diferente de los otros antecedentes regionales.
En efecto, Chile llevaba un cuasi balance entre el progresismo moderado de la “Concertación” (coalición de partidos de centro y de centro izquierda), cuyo último líder fue la socialista Michelle Bachelet y la derecha democrática, a la manera del PP de España, que lideró el fallecido ex presidente Sebastián Piñera. Bajo el gobierno de este último, en 2019 se registró una oleada de protestas de sectores dispersos de izquierda que tomaron las calles para reclamar casi lo imposible, desde mejoras en servicios públicos con rebajas de tarifas hasta vivienda para todos.
Al final, en las elecciones presidenciales de 2021 ganó una nueva coalición, el Frente Amplio, que tomó la antorcha de las reformas bajo el liderazgo de Gabriel Boric, quien diseñó un programa que moderó los alcances de las demandas populares iniciales, proponiendo a la vez una reforma constitucional que, a la par que eliminase los vestigios de la presencia pinochetista en el sistema político –producto de la sanción de una constitución anterior a la medida del pasado régimen militar-, debía asumir buena parte de la nueva agenda progresista, amén de algunos conceptos propios de la modernidad, como la igualdad de género y el reconocimiento de los nuevos derechos, así como de la identidad de los pueblos originarios.
Pero la reforma fracasó al momento de ser sometida a plebiscito como marca la normativa en Chile, porque las propuestas concretas de tono maximalista superaron los extremos admisibles para la sociedad, reflejando un notable tinte de voluntarismo y consecuente falta de realismo. La derecha intentó luego su propia reforma, pero un pueblo ya cansado de tantas idas y vueltas de un extremo a otro, también rechazó la propuesta conservadora liderada en principio por el ahora presidente designado, José Antonio Kast, del Partido Republicano. Más aún, ese paso en falso en la contra réplica derechista a la propuesta del reformismo parecía restar prestigio al nuevo líder, y aparecieron, en tanto, nuevas líneas dentro del espectro conservador.
Por un lado, surgió la más moderada alcaldesa del municipio de Providencia (que es parte del “Gran Santiago”), Evelyn Matthei, con importante tradición política sobre sus hombros, como seguidora del trágicamente extinto presidente Sebastián Piñera, que encabezaba la liberal Unión Democrática Independiente. Por otro lado, y por el sector ultra más en línea con los extremos latinoamericanos del tipo Vox de España, encontramos a Johannes Kaiser, del partido Nacional Libertario. Finalmente permanecía también el propio Kast devenido un punto de equilibrio entre los distintos conservadurismos locales, con un sesgo enormemente pragmático. Esa actitud le permitió al líder recuperar su centralidad y, finalmente, ganar las elecciones.
UN PROGRAMA BASADO EN PUNTOS VITALES
El fracaso de las reformas de Boric, quien demostró honestidad y vocación democrática en toda su gestión, puede analizarse desde múltiples perspectivas. Aunque siendo esa ya una cuestión del pasado preferimos centrarnos en la forma en que debió conducir su gobierno, es decir, sin partidos tradicionales que pudieran darle mayorías parlamentarias sólidas, y con una agrupación propia minoritaria y sin mayor coherencia interna, situación que lo condujo a apoyarse crecientemente en la debilitada “Concertación”, con fuerte presencia del Partido Socialista histórico de Lagos y Bachellet.
Si bien los socialistas aportaron su experiencia de gobierno, lo cierto en la práctica resultó que Boric debió moderar sus propuestas iniciales, hecho que llevó a generar cierta frustración entre sus propios seguidores. La economía chilena, sólida al fin, vio reducir la tasa de crecimiento, rebajando con ello las esperanzas quizás infundadas de una pronta mejora de la situación de ingresos de los sectores populares.
Pero, curiosamente, si bien la economía es siempre parte central de la agenda política, la debilidad gubernamental se notó más en la contradicción de hecho entre el deseo de dar lugar a una convivencia más amplia entre los chilenos con la irrupción del delito en las calles, azuzado además por la inmigración en el norte con fuerte presencia del narcotráfico llegado desde otras partes del continente.
La decisión gubernamental de no abrirse a la así llamada “mano dura”, pero sin encontrar formas alternativas de respuesta a los reclamos de seguridad de la población, o al menos de una gran mayoría, sumada al fracaso paralelo de las negociaciones con los grupos rebeldes de sectores aborígenes que reclaman casi la conformación de un estado independiente dentro del Estado chileno, con ocupaciones territoriales, protestas y hasta episodios de violencia armada, abrió el espacio para que una simple propuesta de orden lanzada desde la oposición alcanzara amplio consenso. Por supuesto, la materialización de esa visión es harina de otro costal.
En efecto, durante las campañas políticas, los candidatos hacen propuestas genéricas y se centran en los posibles objetivos a alcanzar, pero no se ven obligados a detallar los medios para la obtención de los fines perseguidos. Kast prometió restablecer la seguridad con mano dura pero dentro de la ley, sin apelar a estigmatizaciones de la delincuencia como tal, y controlar el flujo migratorio que efectivamente se encuentra relativamente fuera de toda supervisión.
Pero Kast trajo también un impensado espíritu de raciocinio político. En efecto, sus largos antecedentes en la tarea política, dentro de los cuales no pueden ignorarse sus doce años de parlamentario, lo ponen fuera del facilismo del ataque a “la casta”, identificada con la vieja política y dentro de esta, más todavía con el costado a veces grotesco de las negociaciones a puertas cerradas en busca de beneficios personales antes que de un punto medio o, menos todavía, del acuerdo de políticas de estado de largo plazo.
COALICIÓN NECESARIA
EL gobierno de Kast estará marcado, de hecho, por una necesaria coalición parlamentaria con los otros sectores conservadores, en suma de los tres más significativos, Partido Republicano, UDI y Nacional Libertario, que en ese agregado llegaron en primera vuelta a superar el 50% de los votos, más un sector independiente de un líder emergente, Franco Parisi, que obtuvo un 20% de las preferencias electorales, y que parece identificarse con líneas liberales más que con el viejo conservadurismo, aunque muy crítico del viejo sistema.
Con los tres sectores definidamente conservadores, más los eventuales aportes del partido independiente de Parisi, Kast enhebrará su programa, que en materia económica retomará seguramente el sesgo ortodoxo de la política económica del Chile exitoso de fines del siglo pasado. Una línea ortodoxa pero no exenta de pragmatismo, como –por ejemplo- cuando se impuso dentro del contexto de libre mercado y, por ende, de libertad cambiaria, plazos mínimos para los ingresos de capital desde el exterior, como forma de evitar que ante un traspiés inesperado se pudiera producir una fuga masiva en el sentido inverso, y la consecuente crisis general.
Ese Kast más político ya mantuvo conversaciones en su visita a Buenos Aires, donde se entrevistó con el presidente argentino, Javier Milei, con el segundo del Ministerio de Economía de ese país, José Luis Daza, un chileno hijo de un diplomático que nació en Buenos Aires, con experiencia de gestión en su tierra y que suena como consejero del gobierno que asumirá en Santiago en marzo próximo, quizás también –dentro de las alternativas especulativas- como nuevo ministro de Hacienda de Chile.
Con una mirada en la seguridad y el control del tráfico fronterizo en los cuatro mil kilómetros que comparten Chile y Argentina a lo largo de la cordillera de Los Andes, Kast dejó trasuntar que además de la mirada sobre la experiencia más dura de Bukele en la persecución de la delincuencia y el narcotráfico, no desdeña ver el caso argentino donde se ha acentuado la política de seguridad sin haber alterado hasta el momento las bases del sistema legal establecido y su cumplimiento, si bien no faltan planes de reforma.
Y finalmente, y a modo de recapitulación, cabe advertir que el aprendizaje político y dialoguista de Kast, que encuentra diversos antecedentes, deberá ser un instrumento importante para el logro de acuerdos con otros sectores afines pero no propios, que le brinden una mayoría parlamentaria. Y en esos aspectos es que podemos advertir que si bien puede interpretarse el fenómeno Kast como parte de la “marea azul” que llega al continente y que pretende obtener ventajas con los Estados Unidos de Trump, no deja de ser un caso inscripto dentro de la gobernanza alcanzada por la democracia chilena.
