<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno de España ha expresado este viernes, 2 de enero, su rechazo a la decisión del Gobierno de Israel de revocar las licencias a las ONG humanitarias que operan en Palestina con el objetivo de expulsarlas.</strong></h4> En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó “la decisión del Gobierno de Israel de aplicar la normativa de registro a las Organizaciones No Gubernamentales humanitarias que operan en el Territorio Ocupado de Palestina, revocando sus licencias, con el objeto de expulsarlas e impedir su trabajo”. “Con estas medidas, que han afectado a reconocidas ONG españolas e internacionales, Israel limita así el trabajo de las ONG y actores humanitarios para hacer frente a la catástrofe humanitaria en Gaza y atender las necesidades más básicas de la población palestina”, prosiguió. “Esta decisión se suma a la reciente aprobación en la Knesset de la ley que impone el corte del suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA en Israel y en el Territorio Ocupado de Palestina, además de retirarle sus inmunidades y privilegios”, recordó. Asimismo, el Gobierno de España reiteró “su más profunda preocupación por el severo impacto que estas decisiones van a tener en la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza y el Territorio Palestino Ocupado”, e instó al Gobierno de Israel “a revertir estas inaceptables decisiones que impiden trabajar a los actores humanitarios fundamentales, que salvan vidas y atienden las urgentes necesidades básicas de la población civil palestina y de refugiados en Gaza, en Cisjordania y en toda la región de Oriente Medio”. “España reafirma su compromiso y reconocimiento a la labor de las ONG humanitarias españolas e internacionales, actores esenciales e insustituibles en su labor humanitaria que trabajan de forma independiente e imparcial para salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad de la población palestina”, declaró Exteriores. “El Gobierno de España recuerda la obligación legal del Gobierno de Israel de cumplir como potencia ocupante con el derecho internacional, en particular con la IV Convención de Ginebra y la protección de la población civil, y de acatar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, incluidas las opiniones consultivas emitidas en julio 2024 y en octubre 2025”, concluyó. Las autoridades israelíes adoptaron este 1 de enero una nueva normativa que va obligar a las ONG a suspender sus actividades antes del 1 de marzo por no haber completado el proceso de registro aprobado por Israel en marzo de 2025. La normativa de registro, que incluía la obligación de suministrar los nombres de todos sus empleados, fue aprobada por “razones de seguridad” a fin de comprobar sus posibles vínculos con “organizaciones terroristas”. En total, 37 ONG de 16 países (España, Países Bajos, Japón, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, entre otros) se van a ver afectadas por esta norma, entre las que figuran organizaciones tan reconocidas como Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, OXFAM o Cáritas. Israel tiene poder para otorgar o denegar los visados a los trabajadores de las ONG que operan en Palestina y para controlar su acceso a Gaza y Cisjordania.
