<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha asegurado, en respuesta a una batería de preguntas por escrito del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que el Ministerio de Defensa “no tiene contratos con la empresa china Huawei para el suministro de tecnología o dispositivos críticos” y que el Ministerio del Interior “no ha firmado ningún contrato” con esa compañía.</strong></h4> Huawei, una de las principales empresas de telecomunicaciones a nivel mundial, está clasificada por varios países occidentales como un proveedor de “alto riesgo” en lo que respecta a infraestructuras críticas, debido a sus posibles vínculos con el Gobierno chino. Esto ha llevado a algunos Estados miembros de la Unión Europea a restringir o excluir a Huawei y a su competidora ZTE del despliegue de redes 5G, por considerar que la presencia de estas compañías podría comprometer la seguridad nacional y europea. El pasado 17 de septiembre, la Comisión Europea alertó sobre los riesgos de seguridad que se derivan del contrato entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Huawei para el suministro de servidores para las escuchas judiciales del sistema SITEL, advirtiendo de que podría aumentar el riesgo de injerencia extranjera en las infraestructuras tecnológicas de España. En este contexto, el Grupo Popular preguntó el pasado 17 de noviembre al Gobierno “si considera que la adjudicación del sistema de escuchas a Huawei es compatible con las líneas de actuación 14 y 15 de la Estrategia de Seguridad Nacional, que ordenan reforzar las capacidades de inteligencia frente a actores hostiles y garantizar un marco seguro para la protección de información clasificada”. Asimismo, en el resto de las preguntas parlamentarias por escrito, el PP pide explicaciones “sobre evaluación de riesgo que ha realizado el Gobierno, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y el Mando Conjunto del Ciberespacio, sobre la participación de Huawei en el sistema nacional de interceptaciones judiciales, a la luz de la ley de inteligencia nacional y las advertencias de la OTAN sobre proveedores de alto riesgo”, y sobre la “recepción de alguna comunicación formal o informal de las autoridades de Estados Unidos, de la OTAN o de socios europeos advirtiendo de posibles restricciones en el intercambio de inteligencia con España tras el contrato con Huawei”. El principal partido de la oposición pregunta también sobre las medidas adoptadas “para garantizar que la colaboración tecnológica con Huawei no compromete el principio de confianza recíproca entre aliados de la OTAN y la UE”, sobre la justificación para mantener “contratos con un proveedor calificado por la Comisión Europea como ‘de alto riesgo’”, sobre las “comunicaciones que ha recibido el Gobierno de la Comisión Europea respecto al contrato con Huawei” y sobre las “medidas previstas por el Ministerio del Interior para alinearse con el marco de ciberseguridad europeo”. Asimismo, el PP pregunta al Ejecutivo si valoró “alternativas de proveedores europeos o nacionales con solvencia técnica equivalente”, en línea con la recomendación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “de reforzar la autonomía industrial y tecnológica de defensa europea” y sobre las “medidas previstas para mitigar una eventual dependencia tecnológica o de soporte por parte de Huawei en sistemas críticos de seguridad interior o defensa”. Por último, el Grupo Popular preguntas el “motivo por el que no se informó previamente a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de la intención de adjudicar a Huawei el contrato de escuchas judiciales”. En sus respuestas a estas preguntas, emitidas el 9 de diciembre y publicadas este lunes, 22 de diciembre, por el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), el Gobierno asegura que “el Ministerio de Defensa no tiene contratos con la empresa china Huawei para el suministro de tecnología o dispositivos críticos” y que, “en el ámbito de competencias del Ministerio del Interior, se informa de que dicho Ministerio no ha firmado ningún contrato con la empresa china Huawei”. Asimismo, asegura que, “en materia de seguridad de redes y servicios 5G, España aplica plenamente las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea y la ‘caja de herramientas’ 5G adoptada en 2020, en el marco de sus competencias y conforme a los procedimientos legalmente establecidos, a través del Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, y el Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G, aprobado por el Real Decreto 443/2024, de 30 de abril”. “En cumplimiento de esa normativa, España ejecuta los procedimientos, las evaluaciones de riesgo y las medidas de mitigación previstas”, añade. Respecto a la pregunta de por qué “no se informó previamente a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de la intención de adjudicar a Huawei el contrato de escuchas judiciales”, el Gobierno responde que “la gestión y adjudicación de los contratos es responsabilidad de los Ministerios y organismos que los realizan dentro del ámbito de sus competencias” y que “las actividades de las que informa el Gobierno a la Comisión Mixta, conforme a la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional”, son las relativas a “la situación de la seguridad nacional en España” y a “la estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones cuando se produzcan”. A principios de septiembre, el Grupo Parlamentario Popular registró otra batería de preguntas sobre este mismo motivo. Concretamente, el PP preguntó al Gobierno sobre los motivos por los que ha firmado contratos con “empresas de propiedad estatal china” acusadas de “perpetrar ciberataques contra gobiernos e infraestructuras críticas con fines de espionaje” y advirtió de que los acuerdos con Huawei podrían “poner en entredicho la confianza tecnológica mutua” entre España y EEUU y, con ello, “la continuidad del despliegue norteamericano” en la Base Naval de Rota.
