<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno español ha “deplorado” este jueves, 18 de diciembre, las sanciones adoptadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contra dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) que votaron en contra de la apelación de Israel conta el tribunal.</strong></h4> “España deplora el anuncio de nuevas sanciones adoptadas por Estados Unidos contra dos jueces de la Corte Penal Internacional”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. “Estas sanciones suponen un nuevo ataque contra la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte Penal Internacional, afectando gravemente su labor”, prosiguió. “La Corte Penal Internacional desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la reparación de las víctimas”, aseguró Exteriores. Por ello, prosiguió, “España reafirma su respaldo inequívoco a la Corte y traslada su plena solidaridad a los jueces, fiscales y al conjunto del personal de la CPI afectados por estas decisiones”. “España continuará cumpliendo de manera íntegra sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, concluyó. Marco Rubio ha impuesto sanciones contra Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, dos jueces que este pasado lunes votaron en contra del recurso presentado por Israel ante la CPI para evitar la orden de arresto dictada contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Galant. El objetivo del recurso era frenar o retrasar las investigaciones por abusos de los derechos humanos en Palestina. Con el rechazo del recurso, el Tribunal de La Haya confirma su competencia sobre los hechos ocurridos en la Franja de Gaza desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 Según Rubio, los dos jueces sancionados “han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel”, y han votado “a favor de la resolución de la CPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”. “La CPI sigue llevando a cabo acciones politizadas dirigidas a Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones”, prosiguió en un comunicado. “No toleraremos abusos de poder de la CPI que violen la soberanía de Estados Unidos e Israel e injustamente sometan a las personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI”, advirtió. “Nuestro mensaje al Tribunal ha sido claro: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI. Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la legislación y el exceso de competencia de la CPI”, concluyó. El CPI advirtió en un comunicado de que las sanciones de Estados Unidos suponen “un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que opera conforme al mandato conferido por sus Estados Parte de diversas regiones” y “socavan el Estado de derecho”. “Cuando se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”, denunció. “El Tribunal respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables” y seguirá “cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales”, aseguró. “La CPI valora las constantes demostraciones de solidaridad entre los Estados Parte, la sociedad civil y todos aquellos que apoyan el Estado de derecho y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales. El Tribunal continuará su labor, junto con todos los socios, para garantizar la implementación efectiva e independiente de su mandato”, concluyó. El pasado mes de junio, el Gobierno estadounidense de Donald Trump anunció sanciones contra cuatro juezas de la Corte Penal Internacional que habían emitido una orden de detención contra Netanyahu. En aquella ocasión, el Gobierno español mostró “su firme apoyo a la Corte Penal Internacional, piedra angular del sistema de justicia penal internacional, y rechaza cualquier tipo de interferencia a su labor”, y recordó que el Tribunal de La Haya “recibe su mandato de los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma” y su labor “es clave para la reparación de las víctimas y para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”.
