<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El 11 de diciembre de 2015, hace justamente diez años, los talibanes perpetraron un atentado contra una vivienda próxima a la Embajada de España en Kabul que causó la muerte de dos agentes de Policía españoles, Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín Hernández. </strong></h4> El atentado, que duró más de doce horas y fue perpetrado por tres talibanes, tuvo lugar en una zona de Kabul en la que se ubican varias representaciones diplomáticas. El ataque provocó cuantiosos daños materiales, tanto en la Cancillería como en la residencia del embajador español. Aparte de los dos agentes españoles destinados en la Embajada, el ataque les costó la vida a diez afganos encargados de la seguridad exterior del edificio. Los dos policías fallecidos fueron condecorados con la Cruz de Oro al Mérito Policial (la máxima distinción en la Policía Nacional) por el Rey durante el funeral celebrado cuatro días después del atentado. Aparte, en enero de 2016 se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y en febrero de 2016 fueron ascendidos a título póstumo: el subinspector Jorge García Tudela a la categoría de inspector de Policía y el agente Isidro Gabino San Martín a la categoría de oficial. El atentado fue reivindicado por los talibanes, que aseguraron que, aunque los “invasores españoles” figuraban entre sus “objetivos” militares, en este caso el objetivo no era la Embajada, sino un edificio que utilizaban “americanos y británicos» para intercambiar información de inteligencia. El atentado puso en evidencia los problemas de seguridad de la Embajada, ubicada en un complejo del norte de Kabul de libre acceso para los vehículos y rodeado de un muro de tres metros de altura, situado a sólo diez metros del edificio y “sin ningún tipo de distancia de seguridad”, tal como denunció un sindicato policial al día siguiente del atentado. “La Embajada es una de las pocas que se encuentran fuera de la denomina Zona Verde, el área de seguridad de la capital afgana donde está prohibida la circulación de vehículos y cuyos accesos son controlados por agentes de la policía afgana”, añadió. No obstante, el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que las medidas de seguridad eran las adecuadas. Como consecuencia de ello, el Gobierno decidió alquilar un edificio en la Zona Verde para instalar la nueva sede diplomática española. La Zona Verde de Kabul es un área fuertemente protegida en la que se encuentran las representaciones de Estados Unidos y Reino Unido. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2016 una inversión de casi 177.000 euros para mejorar la seguridad del edificio. En noviembre de 2016, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió una querella por delito de homicidio imprudente contra el entonces embajador, Emilio Pérez de Agreda, y el “número dos” de la Embajada, Oriol Solá Pardel, en relación con la supuesta falta de medidas de seguridad en la representación. Según la querella, en la mañana del 11 de diciembre hubo una alerta por parte de los servicios secretos franceses del riego de atentado contra la Embajada española, “lo que debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad y que hubiera evitado que esa tarde (alrededor de las 18 horas) un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la legación española”. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional comunicó ese mismo mes al juez Pedraz que el atentado contra la Embajada de España en Afganistán sólo puede atribuirse a los terroristas que lo perpetraron y, por tanto, no se debe acusar de homicidio imprudente ni al embajador ni a su “número dos”. Finalmente, el juez archivó la causa en septiembre de 2017. En agosto de 2021, tras la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, España se vio obligada a cerrar la Embajada en Kabul y a trasladar sus operaciones a Doha. Durante la evacuación en 2021, España acogió a más de 3.000 afganos y cooperó en la evacuación de 2.206 colaboradores afganos y sus familias fuera del país. Hasta la fecha, ningún país miembro de Naciones Unidas ha reconocido al actual gobierno talibán.
