Malabo asegura que los dos españoles detenidos están en “prisión preventiva” desde hace casi un año “para evitar la fuga”

Eduardo González El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha asegurado que Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, los dos ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial el pasado mes de enero bajo las acusaciones de sobornos y fraude, “tienen un trato digno y humanitario, gozan de visitas consulares periódicas y permanecen en prisión preventiva por decisión judicial motivada para evitar la fuga, con la presunción de inocencia garantizada hasta sentencia firme”. Este pasado jueves, 11 de diciembre, el embajador de Guinea Ecuatorial ante la ONU, Anatolio Ndong Mba, respondió con dureza en el Consejo de Seguridad a las acusaciones vertidas contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema en el último informe del secretario general sobre la situación en África Central. En el informe, se recuerda, sin más detalles, que “el 9 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución urgente en la que denunciaba la detención arbitraria de dos ciudadanos españoles en la prisión de Black Beach de Malabo”. Durante su intervención, el embajador Anatolio Ndong Mba denunció “la omisión de hechos esenciales en el informe de la ONU relativos a un proceso judicial en curso contra ciudadanos europeos implicados en un crimen económico de gran magnitud”, según informó la web del Gobierno ecuatoguineano. Concretamente, según Ndong Mba, los dos españoles están acusados de “corrupción, fraude, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales” y el caso se relaciona con el contrato para la creación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con la empresa española Wayang Technical. El monto sustraído, prosiguió, asciende a más de 16,1 millones de euros de los fondos públicos del pueblo ecuatoguineano y la empresa recibió alrededor de 6,1 millones de euros sin justificar el dinero ni ejecutar el proyecto. “Las investigaciones confirman que los recursos fueron desviados y blanqueados a través de entidades financieras europeas”, lo que revela “el carácter transnacional del delito”, añadió. El embajador ecuatoguineano ante la ONU aseguró también que Guinea Ecuatorial “es un Estado de Derecho comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción” y que “los procesados tienen un trato digno y humanitario, gozan de visitas consulares periódicas (según el artículo 36 (1) b de la Convención de Viena) y permanecen en prisión preventiva por decisión judicial motivada para evitar la fuga, con la presunción de inocencia garantizada hasta sentencia firme”. “La República de Guinea Ecuatorial lamenta la falta de cooperación de ciertas instituciones europeas a la hora de apoyar los esfuerzos de nuestro Gobierno para combatir este delito corruptivo, y rechaza enérgicamente toda declaración o decisiones que menoscaben la credibilidad de la independencia del sistema judicial ecuatoguineano”, declaró. Por ello, instó a la comunidad internacional a “requerir a las instituciones europeas que respeten la soberanía judicial de Guinea Ecuatorial y eviten presiones políticas que buscan encubrir la corrupción internacional de ciudadanos europeos en África”. La detención Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta fueron detenidos en Guinea Ecuatorial el pasado mes de enero bajo acusaciones de sobornos y fraude, en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía General por el supuesto pago de comisiones ilegales para hacerse con un contrato público, el proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT). Según fuentes opositoras, Francisca Obiang Jiménez, hija del presidente Teodoro Obiang, podría estar implicada en esta red de comisiones ilegales que involucra a empresarios españoles, altos funcionarios del régimen y varias empresas tapadera. [caption id="attachment_127620" align="alignnone" width="750"] Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta[/caption] El pasado mes de abril, después de que las autoridades guineanas instalaran micrófonos ocultos en una de las salas de visitas de la prisión para espiar las conversaciones entre los dos presos y diplomáticos españoles, el fiscal general del Estado, Anatolio Nzang Nguema, convocó una rueda de prensa para exigir a la Embajada de España en Malabo “respeto a la independencia judicial”. Por su parte, el vicepresidente de la República y jefe del aparato de seguridad (y primogénito de Obiang), Teodoro Nguema Obiang Mangue, ordenó el aislamiento total de ambos empresarios y les prohibió recibir cualquier tipo de visita, ni siquiera de sus abogados o familiares. El Parlamento Europeo y Exteriores El pasado 9 de octubre, el Pleno del Parlamento Europeo denunció la “detención arbitraria” de Marañón y Rodríguez Ballesta, así como “las inaceptables condiciones de detención y los malos tratos infligidos a los presos” en este país y recordó que ambos fueron trasladados el pasado mes de abril a la prisión de Black Beach, “conocida por sus condiciones infrahumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos”. Asimismo, el Parlamento denunció “la detención arbitraria” de los dos ciudadanos españoles y las “condiciones inaceptables” en que permanecen desde entonces y pidió a las autoridades que adopten medidas inmediatas e incondicionales, como el levantamiento de la prisión preventiva, para garantizar su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Marañón Montero, que está en huelga de hambre, “debe recibir tratamiento urgente”, subrayó el texto. El pasado 8 de octubre, un día antes del pronunciamiento del Parlamento Europeo, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró, en respuesta por escrito a una pregunta del Grupo Popular en el Congreso, que el personal de la Embajada de España en Malabo ha visitado en “una veintena de ocasiones” a Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta y que la Embajada de España en Malabo “viene realizando un estrecho seguimiento del caso desde que tuvo conocimiento del mismo el pasado 22 de enero”. “En todo caso, la Embajada de España en Malabo mantendrá sus numerosas gestiones con las autoridades locales para garantizar el acceso fluido a los nacionales españoles con el fin de proporcionarles una correcta atención consular”, prosiguió el Ministerio. “Finalmente, es importante destacar que la Embajada de España en Malabo está en estrecho contacto con los familiares de los detenidos con el fin de mantenerlos informados de las novedades y de las gestiones que se llevan a cabo”, concluye la respuesta.

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