Eduardo González
La formación ultraderechista Vox intentó aprovechar una moción del Grupo Parlamentario Popular sobre Ceuta y Melilla para promover en las Cortes Generales “la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos”.
El pasado 25 de noviembre, la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado y el Congreso aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la cual se insta al Gobierno a “elaborar, de una vez por todas, el Plan Integral de Seguridad para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, comprometido en la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2021”, según recoge esta semana el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG).
Asimismo, el texto insta al Ejecutivo a “incluir en el citado Plan las medidas necesarias para garantizar el sostenimiento del modelo comercial, económico y social de las Ciudades Autónomas y con ello el bienestar de sus ciudadanos” y a “adoptar, con carácter de urgencia, las medidas que se incluyan en ese Plan orientadas a aliviar el impacto negativo que las decisiones unilaterales del Gobierno de Marruecos y su permanencia en el tiempo tienen para el sostenimiento del mencionado modelo”.
A dicha moción se formuló una enmienda, presentada por Vox y que no salió adelante, en la que se insta al Gobierno a “garantizar la aplicación del Principio de Reciprocidad y aumentar los controles en frontera, especialmente con Marruecos, para asegurar que los productos importados cumplen con las normativas internas de la UE”, y a “promover en las instituciones europeas la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos”.
Durante la defensa de la moción, el senador Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, del PP, afirmó que Ceuta y Melilla son” dos ciudades españolas de pleno derecho ubicadas en el continente africano, materializando la única frontera terrestre de España y de la Unión Europea con un país africano, y sometidas por ello a una situación de vulnerabilidad que debe ser comprendida por la comunidad nacional y por la Administración General del Estado”.
El senador del PP recordó que el último acuerdo para el mantenimiento de buenas relaciones y apoyo mutuo para la prosperidad de los territorios a ambos lados de la frontera es el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado entre España y Marruecos en 1991. “Por parte de España siempre ha existido una voluntad de mantener las buenas relaciones establecidas en el mencionado tratado, que no ha sido siempre correspondida de igual manera por parte de Marruecos”, pero “este último periodo, que comenzó en 2018 con la llegada del presidente (Pedro) Sánchez, ha sido especialmente negativo desde este punto de vista”, lamentó.
Gutiérrez de Otazu recordó también que la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2021 expresaba que “las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos” y proponía, por ello, la elaboración de “un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla”.
“Transcurridos cuatro años desde la publicación de aquella estrategia de 2021”, lamentó, “no se tiene constancia de la publicación del citado plan integral de seguridad para ambas ciudades, aunque, como suele suceder en muchas otras materias relacionadas con las necesidades de Ceuta y Melilla, en prácticamente todos los ámbitos se prodigan los mensajes de buenos propósitos, las peticiones de paciencia a la ciudadanía y la frase de las Naciones Unidas de que estamos en ello”.
Por su parte, Jorge Campos, diputado de Vox, propuso durante el debate “una enmienda de adición para que cualquier actividad comercial entre los reinos de Marruecos y de España no afecte a los intereses de los ganaderos, agricultores, pescadores y comerciantes españoles, esto es, para garantizar la aplicación del principio de reciprocidad y aumentar los controles en frontera, especialmente con Marruecos, para asegurar que los productos importados cumplen con las normativas internas de la Unión Europea”. Asimismo, explicó, la enmienda instaba a “promover en las instituciones europeas la suspensión del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Marruecos”.
Gutiérrez de Otazu expresó su rechazo a la enmienda con el argumento de que el objetivo la moción “no es plantear conflictos ni reaccionar a las actuaciones inamistosas de Marruecos con medidas similares” ni tampoco “resolver las relaciones internacionales de España con Marruecos, con el Magreb o con el resto de las naciones del área”.
