<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Socialista ha instado al Gobierno a “condenar con firmeza las atrocidades de carácter étnico perpetradas por los contendientes de la guerra civil en Sudán”, que incluyen “ejecuciones sumarias, masacres, violaciones, ataques contra trabajadores humanitarios, saqueos, secuestros y desplazamientos forzados”.</strong></h4> En una Proposición no de Ley registrada el pasado 26 de noviembre para su debate en Pleno del Congreso, el Grupo Socialista advierte de que, “tras más de un año y medio de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el país se encuentra sumido en una de las peores crisis humanitarias del mundo”. “La violencia, el desplazamiento masivo y el colapso de los servicios básicos han llevado al límite a millones de personas que ya vivían en condiciones extremas”, prosigue. La “víctima principal” de esta situación, denuncia, “es la población civil, que otra vez, en medio del caos y la devastación que está suponiendo el dramático conflicto entre las SAF y las RSF, ha tenido que abandonar de nuevo sus hogares para intentar huir de la violencia de los contendientes, de la tortura, de la violencia sexual y de la limpieza étnica”. “Si no ponemos medios para evitarlo, la historia se repetirá y estamos en riesgo de revivir el genocidio sufrido hace dos décadas”, añade. El PSOE advierte también de que, según informes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “se han documentado miles de casos de violencia sexual y de género, empleada como arma de guerra por ambos bandos, con fines de humillación étnica y desplazamiento forzado”. Aparte, “el hambre, provocado y potenciado por este nuevo conflicto armado se extiende por todo el país”, continúa el Grupo Socialista. “La ONU y la Unión Europea estiman que 24,6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda y alertan de una posible hambruna generalizada si no se restablece el acceso humanitario”, añade. Otra consecuencia de esta tercera guerra civil en Sudán es “una nueva crisis de desplazamiento, la mayor del mundo, con efectos especialmente devastadores para las mujeres y las niñas”, asegura el PSOE. Según la OCHA, 9,9 millones de personas están desplazadas internamente y el número total de desplazados dentro y fuera del país supera los 14 millones. “El 53 % de las personas desplazadas son mujeres, y el 90 % de los refugiados en países vecinos —Egipto, Chad, Sudán del Sur, Etiopía y Uganda— son mujeres y niños”, advierte el texto. “Ante la gravedad de la situación, hay que recordar que todas las partes en el conflicto son responsables de la protección de los civiles”, recuerda el PSOE. “Tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) asumieron compromisos claros en la Declaración de Yeda (mayo 2023) para respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos” y “el Consejo de Seguridad de la ONU y la Oficina del ACNUDH continúan instando a la rendición de cuentas y al cumplimiento de estas obligaciones”, concluye. Por todo ello, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a “condenar con firmeza las atrocidades de carácter étnico perpetradas por los contendientes de la guerra civil en Sudán, que incluyen ejecuciones sumarias, masacres, violaciones, ataques contra trabajadores humanitarios, saqueos, secuestros y desplazamientos forzados”, y a “apoyar a las organizaciones humanitarias —locales e internacionales— que están trabajando incansablemente y en condiciones extremadamente desafiantes para prestar ayuda al pueblo de Sudán”. El texto defiende también el inicio de negociaciones e iniciativas de mediación que conduzcan al cese inmediato de las hostilidades y que se solicite a los contendientes una pausa humanitaria para garantizar “un acceso humanitario inmediato, seguro, incondicional e indiscriminado a las personas necesitadas”. El PSOE considera también que las partes deben colaborar con la misión internacional independiente de investigación para Sudán, “independientemente del rango y la afiliación de los autores de las vulneraciones, respondiendo así a la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, acorde a las normas internacionales”, e insiste en la necesidad de “reafirmar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán” y de “exhortar a todos los actores extranjeros a que dejen de prestar apoyo militar a las partes y se abstengan de emprender cualquier acción que exacerbe las tensiones y alimente el conflicto”.
