<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>España, la Comisión Europea y una treintena de países han condenado este martes “los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad” perpetrados en Sudán y han reclamado la puesta en marcha de “un proceso político amplio e inclusivo, liderado por los propios sudaneses”</strong></h4> La “Declaración conjunta de condena de las atrocidades y violaciones del derecho internacional humanitario en Sudán”, refrendada por los ministros de Asuntos Exteriores y altos cargos de España, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, la Comisión Europea, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia, y apoyada por Austria, Croacia, Chequia, Chipre, Finlandia, Letonia, Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza, expresa una “profunda alarma por las denuncias de violencia sistemática contra la población civil en Sudán tras la caída de El Fasher en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y la escalada del conflicto en Darfur del Norte y Kordofán”. “Los ataques deliberados contra civiles, los asesinatos en masa por motivos étnicos, la violencia sexual relacionada con el conflicto, el hambre como método de guerra y la obstrucción del acceso humanitario constituyen violaciones abominables del derecho internacional humanitario”, prosigue el texto. “Si se demuestran, estos actos constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional”, añade. “Condenamos en los términos más enérgicos todas las atrocidades, y exigimos el cese inmediato de la violencia”, aseguran los firmantes. “Debe ponerse fin a la impunidad y asegurarse la rendición de cuentas”, porque “la protección y la justicia para el pueblo sudanés no son sólo una obligación legal, son también un imperativo moral urgente”, advierten. Según la declaración, “es intolerable que persistan la hambruna y la inanición generalizadas por las restricciones de acceso”. “El PMA, el UNICEF y el resto de los organismos de carácter humanitario deben obtener los permisos necesarios para llevar a cabo su labor de salvar vidas y llegar a las poblaciones que lo necesiten”, prosigue el texto. Los países firmantes advierten también de que “todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario, que incluye la obligación de garantizar el paso rápido y sin obstáculos de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales”. “También se debe garantizar el paso seguro a los civiles” y, por ello, “instamos a las partes a que faciliten con carácter inmediato esta tarea, conforme a lo previsto en la resolución 2736 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, continúa. “También instamos a las partes en conflicto a que acuerden un alto el fuego y una tregua humanitaria de tres meses, conforme a lo previsto en la declaración del Cuarteto”, añade. “Nos preocupan los intentos de dividir Sudán y reafirmamos nuestro apoyo a la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país, así como al derecho de su pueblo a vivir en paz, dignidad y justicia sin injerencias externas”, asegura la declaración. “Instamos a las partes a que se sienten a la mesa de negociaciones”, porque “sólo un proceso político amplio e inclusivo, liderado por los propios sudaneses, puede dar respuesta a los desafíos a los que se enfrenta Sudán”, concluye.
