Julio García
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dicho este lunes que «no» se considera autor ni responsable de un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La vista oral ha arrancado con la lectura por parte de la letrada de la administración de Justicia del auto de apertura de juicio, que el fiscal general, vestido con toga, ha seguido atento con un bolígrafo en la mano con el que ha tomado notas de manera recurrente, informa EFE.
Tras ello, el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta ha dado por comenzado el juicio y de inmediato ha preguntado al fiscal general: ¿Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?.
«No», ha respondido el fiscal general desde el estrado, donde está sentado a la derecha de los abogados del Estado que le representan.
Acto seguido, ha dado comienzo la fase de cuestiones previas, en la que la acusación particular que ejerce la pareja de Díaz Ayuso, y otras acusaciones, han solicitado incorporar como prueba comunicaciones entre un periodista de la Cadena Ser y el abogado de González Amador que propuso el pacto, así como un artículo de El País.
También la Fiscalía, que pide la absolución, ha tomado la palabra para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales, en concreto a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones y también a un juez imparcial, y ha presentado varios documentos, como la certificación de que el polémico correo continúa a día de hoy en la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos.
García Ortiz, vestido con traje y corbata negra, ha llegado en coche en torno a las 09:42 horas. Ha entrado solo por la puerta principal del alto tribunal, destinada a autoridades y que da a la céntrica plaza Villa de París, donde algunas personas le han aplaudido.
En la primera jornada del juicio, Julián Salto, el fiscal que investigaba el caso de fraude fiscal contra Alberto González Amador, ha asegurado que no entiende como los correos que se investigan, que son «privados», podía tenerlos Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid.
En su declaración, el fiscal ha dicho que pensaba que «por el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía los correos entre el fiscal y el abogado eran únicamente privados».
Y ha añadido: «Entiendo que no tiene que tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid».
Miguel Ángel Rodríguez tuvo acceso a un correo de la causa del 12 de marzo que le reenvió la pareja de Ayuso, quien a su vez lo había recibido de su letrado Carlos Neira. Más tarde, el jefe de gabinete lo difundió a un chat de periodistas.
Salto ha explicado la cadena de llamadas y mensajes que se intercambió la noche del 13 de marzo con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, defendiendo que recibió una «orden legal» para enviar esos correos. «No veo nada de raro», ha añadido.
Al respecto, ha declarado que recibió mensajes contradictorios porque la primera le transmitió «urgencia» por trasladarle los correos mientras que la segunda le dijo que «no corría prisa» ya que estaba en un partido, por tanto, podía esperar al día siguiente.
Las acusaciones piden penas de cárcel
Para García Ortiz las acusaciones -la particular de González Amador y seis populares- solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, mientras que la Fiscalía defiende que no hay delito y, como la Abogacía del Estado, pide la absolución.
La jornada de este lunes estará prácticamente monopolizada por testimonios de fiscales que contarán lo que vivieron aquellos días, entre el 2 de febrero y el 14 de marzo de 2024.
Entre ellos, el fiscal Julián Salto, que se intercambió los correos con el abogado de la pareja de Díaz Ayuso; o quienes eran sus superiores: la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para quien el Supremo archivó la causa a las puertas de juicio; y la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra.
Lastra fue quién avisó al fiscal general la noche del 13 de marzo de que, según le transmitieron, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había difundido a periodistas que era la Fiscalía -y no el abogado- quien había ofrecido un pacto, y que lo había retirado «por órdenes de arriba».
Discrepó con el fiscal general sobre el contenido de la nota de prensa y ante el juez relató que la mañana del 14 de marzo preguntó a García Ortiz «Álvaro, ¿has filtrado la nota?», aunque más tarde dijo que le interpeló por los correos. García Ortiz, que negó toda filtración, reflexionó ante el juez sobre el «desafecto» de Lastra hacia la cúpula fiscal.
Este lunes también están citados el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, y los jefes de prensa de la Fiscalía General y la de Madrid.
