<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno ha restado importancia a la exclusión de España de una ruta marítima estratégica con Estados Unidos, “una decisión soberana” norteamericana “relativa al comercio internacional” que no afecta “a la cooperación bilateral en materia de defensa con los Estados Unidos ni al marco de la cooperación con un aliado de la OTAN”.</strong></h4> El pasado mes de agosto, Estados Unidos decidió excluir a España de una ruta marítima estratégica de contenedores, una medida que afecta de forma especial al puerto de Algeciras, que hasta entonces formaba parte de un plan de intercambio de rutas entre las costas Este y Oeste de EEUU y puertos estratégicos de Japón, Corea del Sur, China e India esenciales para las cadenas de suministro para el comercio global y para operaciones logísticas militares. El acuerdo, activo desde febrero de este año y que incluía inicialmente a España, fue enmendado en junio para suprimir la participación española. Como consecuencia de esta medida, parte del tráfico que se dirigía a España lo hará en adelante al puerto marroquí de Tánger. Las empresas navieras implicadas, supervisadas por Estados Unidos, han asegurado que esta enmienda se debe a motivos operativos y a la necesidad de reducir los costes (incluidos los costes regulatorios de la UE) y los tiempos de tránsito. No obstante, se da la circunstancia de que esta medida ha coincidido con una investigación abierta por la Comisión Marítima Federal de EEUU por la decisión de las autoridades españolas de cerrar, en noviembre de 2024, el puerto de Algeciras a dos buques contenedores norteamericanos con destino a Israel. Las explicaciones dadas por el Gobierno español, que basaron en la soberanía nacional, no satisficieron a Estados Unidos. A principios de septiembre, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró una batería de preguntas por escrito en las que advertía de que la Estrategia de Seguridad Nacional “identifica el control de las rutas marítimas como un elemento esencial para la defensa de los intereses españoles” y, por tanto, “ser apartado de una ruta estratégica puede debilitar la capacidad de España para cumplir con sus compromisos internacionales”. El PP recordaba también que el Estrecho de Gibraltar constituye uno de los principales puntos de tránsito marítimo mundial, y España, a través del puerto de Algeciras y de su despliegue naval en la zona, ha jugado “un papel histórico en la seguridad de estas rutas”, por lo que “la decisión de Estados Unidos de excluir a nuestro país de una ruta estratégica marítima plantea serias dudas sobre el alcance de nuestra influencia en la zona”. El Grupo Popular advertía también de que la exclusión de España de una ruta marítima estratégica por parte de EEUU “podría interpretarse como una cesión de protagonismo a otros países, como Marruecos, que en los últimos años ha reforzado sus puertos y su presencia en el Estrecho, en detrimento de nuestra posición”, y recordaba que “el puerto de Algeciras es líder en tráfico de contenedores en España y uno de los más importantes del Mediterráneo”, por lo que la exclusión de España “puede tener consecuencias directas en el tráfico portuario, el empleo y la seguridad marítima de la provincia de Cádiz”. En sus respuestas, emitidas el 14 de octubre y publicadas este lunes por el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados (BOCG), el Gobierno asegura que la medida adoptada por Estados Unidos “es una decisión soberana relativa al comercio internacional, sin afectación alguna a la cooperación bilateral en materia de defensa con los Estados Unidos, ni al marco de la cooperación con un aliado de la OTAN”. “En el marco del Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 y actualizaciones posteriores suscrito entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, se mantiene, en situación de completa normalidad, el tránsito marítimo de buques norteamericanos en la Base Naval de Rota, de acuerdo con los requisitos y procedimientos contenidos en el Convenio y sus anejos”, prosigue.
