<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Este miércoles, 22 de octubre, concluye el plazo para solicitar la nacionalidad española en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, con un balance -</strong><strong>según los últimos datos del 31 de julio- </strong><strong>de 414.652 concesiones (237.145 ya inscritas) y 876.321 solicitudes, incluidos 423.048 expedientes en fase de tramitación.</strong></h4> La Ley de Memoria Democrática (popularmente conocida como la “Ley de Nietos”), de octubre de 2022, permitía el acceso a la nacionalidad española a las personas que no pudieron optar a ella entre 2008 y 2011 al amparo de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en virtud de la cual se nacionalizaron alrededor de 250.0000 descendientes de exiliados del franquismo, sobre todo en los consulados de Francia, México, Argentina, Venezuela y Cuba. La norma de 2022 concedía la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Además, señalaba otros supuestos como, por ejemplo, para los descendientes nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Para formalizar las solicitudes se marcó un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley. No obstante, en julio de 2024, el Consejo de Ministros prorrogó en un tercer año, hasta el 22 de octubre de 2025, el plazo para optar a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, después de que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) advirtiera de que la escasez de personal estaba causando una “saturación” en los “consulados generales que están infradotados para este proceso”. Las encargadas de llevar a cabo la tramitación de estos expedientes fueron las oficinas consulares de España en los distintos países. Más de un 95% de estas solicitudes se recibieron en las oficinas consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. Concretamente, según datos gubernamentales, el 42% de las solicitudes se presentaron en Argentina, el 12,2% en Cuba, el 11% en Brasil, el 9,7% en México, el 5% en Chile y el 2,4% en Venezuela. Los cinco consulados en Argentina representaron el 40% de las solicitudes totales y, junto con el de La Habana (Cuba), superaron el 53% del total. A principios de octubre, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció en Buenos Aires que el plazo de solicitud podría ampliarse si las circunstancias políticas lo permitiesen. No obstante, el plazo no se ha ampliado y las asociaciones afectadas han reclamado la adopción de une nueva ley de este tipo sin plazos temporales. Según el diario especializado ‘España Exterior’, la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, advirtió recientemente de que “no sólo es necesario, sino que es indispensable tener una ley definitiva para que esos beneficios sean permanentes y contemplen también algunas situaciones que no han estado cubiertas en esta ley, porque conocemos casos de gente que recién ahora se entera de que existe y gente que no ha podido optar y se ha quedado fuera pese a que la Disposición octava ha sido muy extensiva y generosa con la ciudadanía”. Por su parte, el secretario del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Uruguay, Miguel Pérez, declaró a mediados de octubre que “queda el sin sabor de que recién hay mucha gente que se está enterando cuando el plazo vence el 22”, por lo que reclamó “una verdadera ley que regule este tipo de situaciones y no fase como ha sido en forma continua”. Por su parte, el secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia y responsable del PP en el Exterior, Antonio Rodríguez Miranda, defendió el pasado 1 de octubre en el Parlamento de Galicia la articulación de una ley específica de nacionalidad para que los descendientes de emigrantes puedan acceder a la ciudadanía sin límite de tiempo.
