<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno de España depositó el pasado viernes el instrumento de ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) que permitirán a este tribunal investigar como crímenes de guerra el uso del hambre como método de guerra y el empleo en contextos bélicos, tanto internacionales como internos, de armas biológicas, armas de fragmentos no localizables y armas láser cegadoras.</strong></h4> Según informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de prensa, las enmiendas objeto de ratificación persiguen mejorar y precisar las definiciones de los crímenes de guerra, incluyendo el uso de armamento particularmente lesivo (ciertas armas biológicas, de fragmentos no localizables y armas láser cegadoras) en conflictos tanto internacionales como internos, así como “el uso deliberado del hambre como arma de guerra en conflictos de índole no internacional”, equiparándolos así con los crímenes de carácter internacional para los que el Estatuto de Roma ya prevé una norma idéntica. “La ratificación de estas enmiendas es muestra del firme compromiso de España con la lucha contra la impunidad y con la labor de la Corte Penal Internacional, piedra angular del sistema de justicia penal universal, frente a los más graves crímenes cometidos contra la humanidad”, añadió. El pasado 3 de junio fue aprobada en España la Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una vez aprobadas por las Cortes Generales. El texto fue firmado ese mismo día por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y entró en vigor al día siguiente. El Consejo de Ministros autorizó a finales de julio la manifestación del consentimiento de España para obligarse por las cuatro enmiendas. El Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, fue adoptado el 17 de julio de 1998 y ratificado por España el 24 de octubre de 2000 y entró en vigor para nuestro país el 1 de julio de 2002. El 6 de diciembre de 2019, la Asamblea de los Estados Partes adoptó una resolución para enmendar el citado artículo 8, insertando un apartado en el que se definía como crimen de guerra “hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro”. En junio de este año, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución presentada por España y Palestina sobre protección de la población civil y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias en relación con el conflicto en Gaza. El texto incluía, entre otros puntos, una firme condena a “toda práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra” y advertía de la obligación de “no privar a la población civil en la Franja de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia”. Al mes siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, denunció en Nueva York, en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la ONU para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados, “la hambruna inducida en Gaza”. Por las mismas fechas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó que haya una hambruna en la Franja, a pesar de las denuncias de Naciones Unidas, las ONG, la prensa gazatí e incluso organizaciones israelíes, y aseguró que las imágenes que demuestran que sí hay hambre han sido “escenificadas o manipuladas” por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Al día siguiente de estas declaraciones, el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió que sí hay una hambruna en Gaza y que eso “no se puede fingir”. Pese a estas declaraciones de Trump, el Gobierno estadounidense sancionó en junio a cuatro juezas de la CPI que habían emitido una orden de detención contra Netanyahu. El pasado 16 de octubre, la Reina Letizia y el Papa León XIV denunciaron en la sede central de la FAO en Roma, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el uso del hambre como “arma de guerra en algunos lugares del mundo”.
