El Parlamento Europeo denuncia la “detención arbitraria” de dos españoles en Guinea Ecuatorial

Eduardo González El Pleno del Parlamento Europeo ha denunciado este jueves la “detención arbitraria” de dos españoles en Guinea Ecuatorial, Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, así como “las inaceptables condiciones de detención y los malos tratos infligidos a los presos” en este país. La Cámara aprobó una resolución sobre la situación de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, dos ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial el pasado mes de enero bajo acusaciones de sobornos y fraude, en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía General por el supuesto pago de comisiones ilegales para hacerse con un contrato público, el proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT). Los dos españoles fueron trasladados el pasado mes de abril a la prisión de Black Beach, “conocida por sus condiciones infrahumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, advierte la Eurocámara. Asimismo, el Parlamento denuncia “la detención arbitraria” de los dos ciudadanos españoles y las “condiciones inaceptables·” en que permanecen desde entonces y pide a las autoridades que adopten medidas inmediatas e incondicionales, como el levantamiento de la prisión preventiva, para garantizar su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Marañón Montero, que está en huelga de hambre, “debe recibir tratamiento urgente”, subraya el texto. Según los eurodiputados, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior “deben redoblar los esfuerzos diplomáticos, en estrecha coordinación con las autoridades españolas, en relación con estos casos”. Asimismo, advierten de que las detenciones y las reclusiones arbitrarias pueden tener “efectos negativos en las relaciones de Guinea Ecuatorial con la UE, además de dañar su reputación y disuadir la inversión y la cooperación internacionales”. En un plano más general, los eurodiputados se muestran preocupados por “las graves violaciones de los derechos humanos en el país, que incluyen torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas, además de la persecución continuada de la oposición política y graves restricciones a la libertad de expresión” y advierten de “la subordinación del poder judicial” al régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. El Ministerio de Exteriores El pasado 12 de junio, el Grupo Parlamentario Popular registró una pregunta parlamentaria por escrito sobre “cuántos españoles hay detenidos en las cárceles de Guinea Ecuatorial, de qué delitos se les acusa, si han sido juzgados y qué asistencia consular se les ha prestado”. Asimismo, el PP preguntaba si el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a su homólogo ecuatoguineano, Simeón Oyono Esono Angue, “interesándose sobre los detenidos en cárceles de Guinea Ecuatorial” y para exigirle “algún tipo de explicaciones al embajador de Guinea Ecuatorial en España”, Miguel Edjang Angue. En su respuesta, registrada el pasado 15 de septiembre y publicada dos semanas más tarde por el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó de que, “en estos momentos, consta la presencia de tres ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial”. “En cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no es posible la divulgación de información referente a las acusaciones a las que se enfrentan o sobre la situación de sus procedimientos judiciales”, prosigue. “En todo caso, tanto desde la Embajada de España en Malabo como desde los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación se mantiene un estrecho seguimiento de los mencionados casos con el fin de proporcionar la correspondiente asistencia consular, así como mantener informadas a las familias de los detenidos”, concluye la respuesta del Gobierno. El pasado mes de abril, después de que las autoridades guineanas instalaran micrófonos ocultos en una de las salas de visitas de la prisión para espiar las conversaciones entre los dos presos y diplomáticos españoles, el fiscal general del Estado, Anatolio Nzang Nguema, convocó una rueda de prensa para exigir a la Embajada de España en Malabo “respeto a la independencia judicial”. Por su parte, el vicepresidente de la República y jefe del aparato de seguridad (y primogénito de Obiang), Teodoro Nguema Obiang Mangue, ordenó el aislamiento total de ambos empresarios y les prohibió recibir cualquier tipo de visita, ni siquiera de sus abogados o familiares.

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