España aporta 21 millones a organismos internacionales, incluidos 12 millones de euros a PNUD y UNICEF

Eduardo González El Consejo de Ministros autorizó este martes el desembolso de casi 21 millones de euros en contribuciones voluntarias a organismos internacionales, incluidos los 6,5 millones de euros al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los 5,5 al presupuesto ordinario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). “La contribución al PNUD, socio fundamental para la Cooperación Española por su trabajo en la erradicación de la pobreza, la reducción de desigualdades y la construcción de resiliencia de los países ante las crisis, supone un aumento de 1,5 millones respecto a 2024; mientras que la de UNICEF, de gran relevancia por su labor en la protección de la infancia del mundo, se ha incrementado en medio millón de euros”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de prensa. “Con estas contribuciones, y siguiendo las tendencias de incremento de los últimos años, la Cooperación Española renueva e incrementa sus contribuciones al presupuesto ordinario de organismos estratégicos y se sitúa en la senda para la consecución del 0,7% de la Renta Nacional Bruta destinada a la Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2030”, añadió. Aparte, el Ejecutivo prevé casi nueve millones de euros (8.648.000 euros) a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, incluidos tres millones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tres millones a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1,8 millones de euros a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), otro millón de euros al PNUD y un millón de euros al Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Las cantidades restantes incluyen otros 326.000 euros a UNICEF, 326.000 euros al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), 326.000 euros a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), 320.000 euros a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por importe de 326.000 euros, 200.000 euros a la Alianza Sanitation and Water for All (SWA) y 200.000 euros a la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC). Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible Por otra parte, el Consejo de Ministros respaldó el Real Decreto para la constitución del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, “con el que se constituye el último de los tres órganos de coordinación y consulta previstos en la Ley de Cooperación 1/2023”. Este nuevo órgano, que sustituye al Consejo de Cooperación al Desarrollo, “busca reforzar el diálogo y la participación institucional con la sociedad civil y el resto de actores, además de contribuir a articular mejor la cooperación descentralizada, uno de los elementos de mayor valor añadido del sistema de cooperación”, prosiguió Exteriores. Con este último paso, según el Minsterio, “finaliza así despliegue normativo que da lugar un nuevo órgano que estará presidido por el ministro y en el que participan representantes de administraciones públicas, ONGD, asociaciones de derechos humanos, universidades, agentes sociales y personas expertas en cooperación y acción humanitaria”. El nuevo Consejo contará con una Comisión Permanente, de nueva creación, encargada de agilizar los trabajos internos, presidida por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados Galiano. Entre las principales novedades, se incluyen dos vocalías de comunidades autónomas, que irán rotando anualmente, por fecha de aprobación de sus Estatutos de Autonomía, mientras que las entidades locales tendrán su representación a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS). También formarán parte del Consejo Superior de Cooperación las entidades de paz, los cooperantes y voluntarios más representativos en el ámbito estatal, así como organizaciones juveniles y del sector público empresarial del Estado.

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