<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Un total de 414.652 personas ya tienen garantizado su acceso a la nacionalidad española en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en Buenos Aires que el plazo de solicitud, que vence el próximo 22 de octubre, podría ampliarse si las circunstancias políticas lo permiten.</strong></h4> Durante una visita de trabajo a Buenos Aires, el ministro informó ese miércoles de que, con datos del pasado 31 de julio, ya son 876.321 las personas que han solicitado la ciudadanía española en todo el mundo. De ellos, ya tienen consolidado su derecho 414.652 descendientes y, dentro de este grupo, 237.145 ya están inscritos y con su pasaporte entregado. Durante acto en homenaje a los españoles víctimas de la dictadura argentina (1976 y 1983), Torres precisó que Argentina es el país que ha registrado un mayor número de solicitudes, con 366.579, lo que representa el 40% del total de peticiones. De ellos, 174.277 ya tienen aprobado el trámite y 61.499 ya constan como inscritos. Torres recordó que el plazo para solicitar la nacionalidad expira el próximo 22 de octubre, tras aprobarse una prórroga el 9 de julio de 2024. No obstante, el propio ministro ha asegurado, en declaraciones al diario ‘Clarín’, que “no se cierra la puerta a que se amplíe el plazo”, pero para ello es necesario conseguir las “mayorías” necesarias en el Parlamento. Según Torres, en el marco de la Ley de Memoria Democrática “se estableció primero un plazo para poder solicitar esa nacionalidad con la posibilidad de una prórroga que vimos que era necesaria”. “Nos hubiese gustado tener más opciones de poder seguir prorrogando, pero hay unos límites determinados”, añadió. La Ley de Memoria Democrática (popularmente conocida como la “Ley de Nietos”), de octubre de 2022, permite el acceso a la nacionalidad española a las personas que no pudieron optar a ella entre 2008 y 2011 al amparo de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en virtud de la cual se nacionalizaron alrededor de 250.0000 descendientes de exiliados del franquismo, sobre todo en los consulados de Francia, México, Argentina, Venezuela y Cuba. La actual norma concede la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Además, señala otros supuestos como, por ejemplo, para los descendientes nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Para formalizar las solicitudes se marcó un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley. No obstante, en julio de 2024, el Consejo de Ministros prorrogó en un tercer año, hasta el 22 de octubre de 2025, el plazo para optar a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, después de que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) advirtiera de que la escasez de personal estaba causando una “saturación” en los “consulados generales que están infradotados para este proceso”. Las encargadas de llevar a cabo la tramitación de estos expedientes son las oficinas consulares de España en los distintos países. Más de un 95% de estas solicitudes se han recibido en las oficinas consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. Concretamente, los cinco consulados en Argentina representan un 40% de las solicitudes totales y, junto con el de La Habana (Cuba), superan el 53% del total.
