<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el órgano de representación de los españoles residentes fuera del territorio nacional, se ha visto obligado a incumplir su calendario reglamentario de reuniones a causa de sus problemas presupuestarios, según reconoció el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria de Sumar.</strong></h4> El pasado 18 de junio, los diputados Enrique Santiago y Agustín Santos Maraver (diplomático, antiguo embajador ante la ONU y director del Gabinete del exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos) registraron una pregunta por escrito en la que recuerdan que el CGCEE, el órgano encargado de asesorar al Gobierno en materia de emigración y participación ciudadana y de canalizar las demandas y propuestas de la ciudadanía en el exterior, debe celebrar “según su reglamento” al menos una reunión plenaria y reuniones de comisiones cada año. Pese a ello, el pleno correspondiente al año 2024 no se celebró en el año previsto, sino en 2025, lo que constituyó “un incumplimiento del calendario reglamentario”, y en la actualidad existe “incertidumbre” sobre las reuniones correspondientes al año 2025, “ya que a fecha de hoy no se han anunciado ni convocado las reuniones de comisiones ni sesiones plenarias previstas para este ejercicio”. “Esta falta de previsión y transparencia afecta gravemente a la capacidad del CGCEE para cumplir con sus funciones, debilita la interlocución institucional con la ciudadanía española en el exterior y genera una sensación de abandono entre los consejeros y consejeras que representan a las comunidades españolas fuera del país”, advierte Sumar, socio minoritario en el Gobierno de coalición. En su respuesta, registrada el 19 de septiembre y publicada este lunes por el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Gobierno admite que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior debe celebrar, “al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año” y que en 2024 no se pudo celebrar el pleno del Consejo, “cuya celebración es obligatoria”, aunque sí se celebraron las comisiones delegadas. El motivo de ese incumplimiento es, según el Ejecutivo, la “falta de disponibilidad presupuestaria”, ya que el presupuesto destinado al funcionamiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior no cuenta con una aplicación específica y se imputa al concepto 226.06 del Capítulo del Programa 231 B “Acciones a favor de los emigrantes”, de la Secretaría de Estado de Migraciones, gestionado por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior. El citado programa se mantiene con las mismas cuantías del ejercicio de 2022 “al no recibir ningún incremento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y sufrir dos prórrogas presupuestarias sucesivas en 2024 y 2025”, prosigue. Los costes de celebración de estos eventos, según el Ejecutivo, incluyen los gastos de desplazamiento y alojamiento de los consejeros procedentes de los diversos países, a través del contrato centralizado que mantiene la Administración General del Estado con Viajes El Corte Inglés. A ello hay que sumar el coste por indemnizaciones por asistencia que disfrutan los consejeros y otros posibles gastos de desplazamiento no incluidos en el contrato centralizado de la Administración General del Estado, tales como taxis de desplazamiento entre domicilio y aeropuerto o entre hotel y aeropuerto. “Por tanto, resulta imposible, con la disponibilidad presupuestaria actual del Capítulo 2 del Programa 231 B, atender en un mismo ejercicio la celebración presencial de unas comisiones delegadas y un Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.”, advierte el Gobierno. Tampoco ha sido posible desviar fondos con esa finalidad a través de modificaciones presupuestarias procedentes de otras partidas, ya que estas modificaciones “han tenido que priorizar las dos declaraciones de emergencia para acoger a los ciudadanos españoles en situación de vulnerabilidad evacuados de la Franja de Gaza y del Líbano, y para las que no existe una aplicación específica en el Programa 231B al no haberse dado nunca con anterioridad la situación de tener que acoger a ciudadanos españoles desplazados desde una zona de conflicto”. Aparte, un porcentaje muy alto de todas las partidas del Programa 231B se dedica a sufragar prestaciones asistenciales para personas de nacionalidad española residentes en el exterior y retornadas en situación de vulnerabilidad. “Existe una voluntad clara por parte de la Administración para garantizar la regularidad de la celebración de las sesiones del pleno y de las comisiones delegadas del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior”, pero la falta de disponibilidad presupuestaria ha “impedido su celebración”, asegura el Gobierno. “Las posibles soluciones pasan por la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado que introduzca una aplicación presupuestaria estable, con dotación suficiente en el Programa 231B, dedicada al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior”, añadió.
