Los productos relacionados con el tabaco han irrumpido con fuerza en el mercado en los últimos años y su consumo entre la población se ha extendido de forma significativa. Su incidencia en la salud de las personas, siendo esta un bien de obligada protección y tutela en un Estado social imperante en las sociedades avanzadas justifica su regulación. La protección de la salud constituye una exigencia de la persona y de la sociedad y a la vez una obligación a satisfacer por los poderes públicos. Además, la comercialización de estos productos ha de ajustarse a las normas propias que regulan el mercado. En el espacio europeo, con el establecimiento de un mercado sin fronteras interiores, la legislación ha de garantizar la libre circulación de los productos, sin barrera internas que dificulten y lesionen la competencia. Asimismo, el consumo de los productos relacionados con el tabaco se plantea como alternativa (transitoria) menos dañina que el tabaco y por tanto como instrumento útil para la reducción del tabaquismo. Todas estas cuestiones se abordan en La regulación de los productos relacionados con el tabaco. Una comparación internacional desde el análisis de la buena regulación que, de forma comparada analiza el marco regulatorio de estos productos novedosos en varios países.
El objetivo final de cualquier política que aborda la relación entre el tabaco y la salud es reducir su consumo o eliminarlo de forma absoluta, esto es, alcanzar un país libre de humo, que en cifras se sitúa en el 5% de la población. Y junto a ello evitar el inicio de los jóvenes y menores en el consumo de tabaco y de productos relacionados con el mismo, lo que requiere políticas educativas decididas y constantes que incidan especialmente en la prevención. Con la mirada puesta en dichos objetivos, los países han optado por dos estilos de intervenciones públicas: más restrictivas unas y más flexibles otras, y una posición intermedia entre ambas – una postura moderada- que intenta compaginar unas y otras.
Las primeras, más tradicionales, defienden el mantenimiento de severas restricciones para los productos alternativos al tabaco, de manera que las reglas de fabricación, comercialización y consumo quedan igualadas a las normas que regulan el tabaco tradicional. La equiparación de ambas regulaciones se basa en la consideración del daño que los nuevos productos representan para la salud de las personas.
Las segundas intervenciones públicas contemplan la existencia de los productos relacionados con el tabaco bajo la premisa de la reducción del daño, como instrumentos alternativos al consumo de tabaco, siendo una vía transitoria exitosa para, finalmente, abandonar el hábito de fumar.
El marco regulatorio de los productos relacionados con el tabaco abarca, entre otras, cuestiones relativas a la fabricación, incluyendo concentración de nicotina, etiquetado, envasado, pluralidad de sabores, control administrativo previo y post, publicidad, información sobre la salud y venta. Y dentro de este elenco de factores susceptibles de intervención, el poder público puede abordar a través de la norma correspondiente aquellos que considere que pueden ser más efectivos para cumplir los objetivos indicados y con la intensidad que decida dentro del intervalo restricción-permisividad.
En este contexto en España está vigente el RD 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y de los productos relacionados, en consonancia con la Directiva 2014/40/UE, de 3 de abril, que recoge disposiciones relativas a la mejora del funcionamiento del mercado interior respecto del tabaco y productos relacionados: reglas relativas al etiquetado, advertencias de salud respecto del tabaco tradicional, y disposiciones relativas a los cigarrillos electrónicos, pero no regula las bolsas de nicotina. En 2024, España elabora el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 (PÎT), una estrategia integral para luchar contra el consumo de tabaco y los nuevos productos relacionados con el mismo. Para el PIT, los productos relacionados con el tabaco trasladan una sensación falsa de menor perjuicio para la salud que el cigarrillo tradicional y en esa evidencia justifican el trato jurídico igualitario con este último. El Proyecto de Real Decreto (PRD), que modificaría el RD de 2017, responde a la necesidad de extender la normativa sobre el tabaco a los nuevos productos no contemplados en la Directiva ni en el RD de 2017. El PRD se encuentra en sintonía con el PIT y recoge medidas que han sido objeto de críticas por considerarse desproporcionadas algunas de ellas en relación con los objetivos perseguidos y con probables efectos perjudiciales para la competencia.
A todo este elenco normativo sumamos la aprobación el 9 de septiembre de 2025 por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Tabaco que, entre otras cuestiones, prohíbe fumar y vapear a los menores, recoge medidas restrictivas sobre la publicidad y promoción de los productos del tabaco y amplia los espacios libres de humo.
