<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, por vía legal urgente, el anunciado Real Decreto-ley que prohíbe la compra y la venta de material de defensa a Israel e impide el tránsito por España de combustibles susceptibles de uso militar con destino a ese mismo país. El texto incluye una disposición adicional que permite “excepciones para salvaguardar el interés general nacional”, lo cual ha preocupado seriamente al socio minoritario del Gobierno de coalición, Sumar.</strong></h4> El pasado 8 de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció nueve medidas para detener el “genocidio” en Gaza por parte de Israel, incluida la adopción “urgente” de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, informó este martes de que el Real Decreto-ley prohíbe la compra y la venta de materiales de defensa, así como de otros productos y tecnologías de doble uso a Israel. Asimismo, la norma supondrá la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar y prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados procedentes de los asentamientos. Las medidas recogidas en la norma se aplican en los supuestos de operaciones comerciales con Israel con autorizaciones solicitadas o ya vigentes. El Real Decreto-ley, según el Ministerio de Economía, “refuerza jurídicamente el embargo de armas que España aplica desde octubre de 2023, cuando el Gobierno de Israel inició una ofensiva militar en la Franja de Gaza que ha provocado más de 63.000 muertos, 159.000 personas heridas y el desplazamiento forzado de casi dos millones de civiles”. No obstante, el Real Decreto-ley prevé que “el Consejo de Ministros pueda aplicar excepciones para salvaguardar el interés general nacional, así como la retirada total o parcial de las medidas”, y recoge “la determinación del Gobierno a actuar con transparencia, estableciendo el compromiso de rendir cuentas sobre la aplicación del Real Decreto-ley ante el Congreso de los Diputados con carácter trimestral”. El objetivo de esa cláusula de excepción, según Cuerpo, es preservar la capacidad del Gobierno para “poder autorizar una operación en circunstancias excepcionales que afecten al interés general”, en referencia, concretamente, a “elementos asociados a la seguridad nacional o política exterior” y siempre “para situaciones excepcionales que puedan no haber sido previstas inicialmente o que surjan a lo largo de su implementación”. Al respecto, Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido que el Real Decreto-ley se tramite como proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de poder introducir enmiendas que impidan esa excepcionalidad, según informó el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Fuentes de la formación plurinacional han asegurado a la agencia Europa Press que, en tanto no se modifique esa cláusula, Sumar se opondrá en el Consejo de Ministros a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo. Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, declaró este martes que su partido quiere conocer el texto del decreto antes de anunciar cuál será su posición durante el debate y la votación en la Cámara Baja, porque “normalmente anuncian unas cosas y luego se inventan la mitad o no llegan”. Asimismo, recordó que las Fuerzas Armadas utilizan “muchos componentes de origen israelí” y, por ello, pidió que “no se juegue con la defensa” y la seguridad de unos militares que se "juegan la vida en misiones en el extranjero”. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este martes, en declaraciones a La Sexta, que el embargo de armas no va a debilitar la seguridad de España y que esta medida supone un “estricto cumplimiento de la posición común de la Unión Europea”. “Nadie de la UE, si se ajusta a la legislación, puede vender armas a Israel”, declaró.
