<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha instado al Gobierno a solicitar la liberación “inmediata y sin condiciones” del dirigente opositor cubano José Daniel Ferrer García y a buscar la implicación de la Unión Europea “en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba”.</strong></h4> “José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es hoy uno de los principales referentes de la oposición democrática dentro de la isla de Cuba”, afirma el PP en una Proposición no de Ley presentada el pasado 29 de agosto para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores. “Su compromiso con la defensa pacífica de los derechos humanos y las libertades fundamentales le ha convertido en objetivo constante de la represión del régimen cubano”, añade. El pasado 29 de abril de 2025, recuerda el PP, “las autoridades cubanas revocaron de forma arbitraria la libertad condicional de la que gozaba Ferrer García desde agosto de 2021, reingresándolo en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba”. “Diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Prisoners Defenders, Human Rights Watch, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas han denunciado repetidamente que Ferrer García es un preso de conciencia y que su privación de libertad responde exclusivamente a motivaciones políticas”, prosigue el texto. “Desde su reclusión, la situación ha empeorado gravemente: según fuentes familiares y medios independientes, Ferrer García se encuentra sometido a un régimen de aislamiento extremo, sin acceso a alimentos suficientes, asistencia médica ni condiciones básicas de higiene, y habría iniciado una huelga de hambre como forma de protesta”, denuncia. A esta situación, continúa la moción, “se suman las constantes denuncias de torturas físicas y psicológicas, documentadas en informes recientes que revelan patrones de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro del sistema penitenciario cubano hacia todos los presos políticos”. “La falta de garantías procesales, la imposibilidad de acceder a una defensa efectiva y la ausencia de supervisión judicial independiente han consolidado y generalizado un escenario de violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, añade. El Servicio Europeo de Acción Exterior, en un comunicado oficial fechado en mayo de 2025, expresó su preocupación por la revocación de la libertad condicional de Ferrer García y del también opositor Félix Navarro, recuerda el PP. En este contexto, según el Grupo Popular, la continuidad del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y el régimen cubano “supone un contrasentido difícil de justificar ante la opinión pública”. “Este marco de relación bilateral exige, como condición esencial, el respeto a los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”, advierte. “La permanencia del acuerdo sin consecuencias concretas frente a situaciones como la de Ferrer García mina la credibilidad internacional de la política exterior europea y debilita el principio de condicionalidad democrática”, afirma el PP. “España, como Estado miembro de la UE y como nación históricamente vinculada al pueblo cubano, no puede permanecer indiferente ante esta grave situación” y, por ello, “la defensa de los derechos humanos, la protección de los opositores pacíficos y la exigencia de condiciones mínimas de dignidad y libertad para quienes luchan por un cambio democrático en Cuba deben estar en el centro de nuestra acción diplomática”, concluye. Por todo ello, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a “solicitar la liberación, inmediata y sin condiciones, de José Daniel Ferrer García, así como del resto de los presos políticos en Cuba” y a “instar a la Unión Europea a implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, promoviendo una posición común firme frente a la represión del régimen y respaldando a la disidencia democrática y la liberación de los presos políticos”. También pide al Gobierno que denuncie “en todos los foros multilaterales y bilaterales pertinentes (UE, ONU, OEA), la revocación arbitraria de su libertad condicional y las condiciones de tortura denunciadas” y que reafirme “el compromiso de España con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión, exigiendo responsabilidades al régimen cubano por su política de represión sistemática de disidentes pacíficos”.
