La crisis francesa no es —o no es sólo— política. Es, sobre todo, un problema de aritmética fiscal que ha dejado de distinguir entre “periferia” y “centro” en la zona euro. Francia, históricamente ubicada en el club de la sobriedad presupuestaria, registra hoy desequilibrios más propios de los años de plomo de la crisis soberana, mientras un Ejecutivo sin mayoría navega a contracorriente para imponer un ajuste tan impopular como inaplazable.
El último análisis del Real Instituto Elcano lo condensa con claridad: Francia exhibe déficits primarios persistentes desde 2009, un gasto público que ronda el 57% del PIB —segundo de la eurozona— y un desequilibrio superior al resto de grandes economías del área en 2024 (–5,8% del PIB), justo cuando Portugal, Grecia, Irlanda o Chipre presentan superávits. El mercado ha tomado nota: los rendimientos a 10 años de España, Portugal y Grecia ya cotizan por debajo de los franceses, una inversión de jerarquías impensable hace una década. La conclusión del argumento de Elcano es incómoda pero útil: se acabó la frontera mental entre “periféricos” y “centrales”; manda la disciplina fiscal, y Francia hoy es el caso de libro.
A ese diagnóstico se suma la hoja de ruta europea. El Consejo de la UE ha reactivado el Procedimiento de Déficit Excesivo y pide a París llevar el déficit por debajo del 3% en 2029, con un corsé explícito sobre el crecimiento del gasto neto (0,8% en 2025; en torno al 1,1–1,2% los años siguientes). La exigencia no es cosmética: pretende anclar expectativas y reducir una deuda que ya supera el 113% del PIB.
El Fondo Monetario Internacional coincide en el trazo grueso y añade matices relevantes: el presupuesto de 2025 apunta a un déficit del 5,4% del PIB —objetivo “alcanzable” pero apoyado en medidas temporales— y, sin acciones adicionales, el saldo público se quedaría cerca del 6% a medio plazo, manteniendo la deuda en una trayectoria ascendente. El FMI recomienda un esfuerzo estructural de en torno al 1,1% del PIB en 2026 y, de media, el 0,9% anual después, prioridad al recorte de gasto corriente y una programación creíble que hoy aún está parcialmente “por identificar”.
La institución doméstica más austera en el debate, la Cour des comptes, ha encendido también las alarmas: déficit agravado en 2024, deuda en torno a 3,3 billones y una factura de intereses que escala a unos 59.000 millones de euros. El mensaje es doble: el margen fiscal se encoge y las previsiones oficiales han pecado de optimismo, como ha reiterado asimismo el Haut Conseil des finances publiques en sus avisos sobre el cuadro macro y la senda presupuestaria.
En ese contexto, François Bayrou llegó a Matignon con un mandato imposible: reconstruir mayorías en una Asamblea fragmentada y sacar adelante una consolidación de calado tras la caída del Gobierno Barnier en diciembre de 2024 por el choque presupuestario. Logró aprobar unas cuentas de 2025 “de contención” y dejó para 2026 el músculo del ajuste. Esa segunda fase —un paquete de en torno a 44.000 millones en recortes y alzas tributarias— incluye ideas de alto voltaje político (desde suprimir festivos hasta congelar determinadas partidas sociales) y ha cohesionado una mayoría “negativa” contra el primer ministro. A las puertas de una moción de confianza, los medios y las agencias describen un Ejecutivo al borde del abismo, mientras el Elíseo sondea la opción de un jefe de Gobierno socialista para destrabar el impasse.
¿Puede caer el Gobierno de Bayrou? La respuesta corta es sí, y por tres razones que se retroalimentan.
Primera, la geometría variable sin geometría posible. Desde las legislativas anticipadas de 2024, ningún bloque dispone de mayoría estable. Bayrou ha buscado aliados a derecha e izquierda para su plan de 2026, pero la combinación de medidas de gasto y tributos ha generado vetos transversales. La izquierda —con los socialistas marcando perfil propio— rechaza la “austeridad” y propone centrar el ajuste en grandes patrimonios y ciertos beneficios fiscales; la derecha se divide entre exigir más recortes o precipitar nuevas elecciones. La moción de confianza puede convertirse así en un referéndum contra la consolidación “a la Bayrou”.
Segunda, la economía política del ajuste. Francia no es un outlier por su carga fiscal, sino por la tensión entre un Estado social muy amplio y una base de ingresos moldeada por exenciones y créditos tributarios costosos. El esfuerzo adicional que exige Bruselas y que recomienda el FMI impacta en pensiones, empleo público y sanidad, los vértices más sensibles del contrato social francés. No sorprende el auge de un discurso generacional —los jóvenes pagando la factura de un sistema que sienten capturado por los “baby boomers”— ni el potencial de movilización social ante medidas simbólicas (festivos, indexación de pensiones). Esa presión social refuerza los incentivos parlamentarios para derribar el plan sin asumir el coste de proponer una alternativa igual de dura.
Tercera, la prima de riesgo política. La estrategia de “gobernar por decreto” al estilo del 49.3 —y su variante presupuestaria— tiene hoy retornos decrecientes: energiza a la oposición, no fabrica mayorías y castiga al presidente, que ya carga con el coste de años de presupuestos expansivos y de la apuesta fallida por una disolución parlamentaria. Si Bayrou cae, la aritmética obliga a un nuevo primer ministro capaz de construir un “compromiso fiscal” más suave en el corto plazo y más distribuido en su carga. Pero ese atajo también tiene costes: las agencias ya han movido la lupa (S&P mantuvo la calificación en AA– pero rebajó la perspectiva a negativa; Moody’s degradó en diciembre) y un ajuste más lento alarga la subida del servicio de la deuda, justo cuando la ventana de tipos reales ha dejado de jugar a favor.
Ahora bien, el riesgo de “crisis de deuda” inmediata es bajo, como recuerdan tanto el FMI como parte del mercado: Francia conserva una base inversora diversificada, un Tesoro líquido y el anclaje del BCE. Pero el riesgo de “crisis de gobernanza” es alto, y ese es el canal que amenaza la sostenibilidad: presupuestos prorrogados, reformas licuadas, medidas temporales que no corrigen la deriva estructural y una confianza inversora que depende cada vez más de señales creíbles de cumplimiento con el EDP europeo.
¿Qué es, entonces, una salida realista?
1. Secuenciación honesta del ajuste. Avanzar en 2026 un esfuerzo estructural cercano al 1% del PIB —como recomienda el FMI—, priorizando gasto corriente ineficiente y desbrozando exenciones fiscales de bajo retorno, con salvaguardas explícitas para inversión productiva (transición verde, educación, I+D). El “mix” ingreso–gasto puede moverse, pero el ancla temporal de 2029 no.
2. Un pacto político mínimo. Si Bayrou cae y llega un primer ministro socialista, el compromiso exigirá renunciar tanto a maximalismos de austeridad como a promesas de exuberancia fiscal. El objetivo del 5,4% en 2025 debe blindarse; el grueso de la discusión es dónde y cómo ajustar en 2026, no si ajustar. Señales públicas de coautoría —un “contrato fiscal” con hitos trimestrales— ayudarían a estabilizar expectativas.
3. Transparencia y árbitros creíbles. Dar más protagonismo a la Cour des comptes y al Haut Conseil en la evaluación ex ante/ex post de cada tramo de consolidación disciplina al Ejecutivo y ofrece cobertura política a la oposición: si los ahorros no son reales, el tramo siguiente no se activa. El déficit de 2024 y la escalada de intereses exigen precisamente eso: despolitizar las cifras.
4. Reformas de oferta que no cuesten caja. Desbloquear productividad en mercados regulados, acelerar la ejecución de inversión europea y completar la reforma de pensiones —ya retrasada— con incentivos de empleo sénior puede sumar crecimiento potencial sin agravar el déficit. Es el único modo de que el diferencial “r–g” no juegue contra la deuda.
En suma, la consolidación fiscal no es una opción; es la condición de posibilidad de cualquier programa político en Francia. La caída de Bayrou —probable a tenor de los equilibrios parlamentarios— no alterará ese hecho elemental. Sí cambiará, acaso, el reparto del dolor y el relato del ajuste. Pero el calendario europeo, las advertencias del FMI y la vigilancia de los mercados dejan poco margen para el autoengaño. Como recuerda Elcano, los mercados ya juzgan a Francia por lo que hace, no por lo que fue. Y en ese juicio, la única absolución posible pasa por una disciplina fiscal sostenida y compartida.
