<h6><strong>Ane Barcos</strong></h6> <h4><strong>El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, presentó este jueves sus conclusiones sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria de los eurodiputados Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, procesados en España por su participación en el referéndum catalán de 2017. Szpunar recomendó que el Tribunal de Justicia desestimara el recurso interpuesto contra la decisión del Parlamento Europeo que, en 2021, accedió a levantar su inmunidad.</strong></h4> El Tribunal Supremo de España procesó en 2018 a los tres diputados por delitos como rebelión y malversación de fondos públicos, declarándolos en rebeldía tras abandonar el país. Posteriormente, en 2019, fueron elegidos diputados del Parlamento Europeo. A petición del Tribunal Supremo, el Parlamento Europeo decidió en marzo de 2021 suspender su inmunidad parlamentaria para permitir que pudieran ser juzgados. Los diputados recurrieron la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, que desestimó sus demandas en julio de 2023, y posteriormente presentaron un recurso de casación ante el TJUE. El Abogado General propuso desestimar el recurso interpuesto por los diputados, considerando que Puigdemont y Ponsatí ya no tenían interés en continuar con la acción debido a la expiración de sus mandatos en julio de 2024, por lo que sus recursos deberían ser sobreseídos. En el caso de Comín, reelegido en junio de 2024, el recurso seguía siendo relevante. Szpunar indicó que no se vulneró el derecho a un trato imparcial por parte del Parlamento Europeo, señalando que la pertenencia del ponente del caso a un grupo político vinculado a VOX no era suficiente para concluir que se había producido parcialidad. Además, señaló que la inmunidad parlamentaria no constituye un derecho absoluto que impida un proceso penal, y que no se pudo demostrar que la causa judicial tuviera como fin perjudicar la actividad política de los diputados. También destacó que las decisiones del Parlamento Europeo eran claras, dejando constancia de que la suspensión de la inmunidad tenía efectos en todos los Estados miembros salvo en España. El Tribunal de Justicia deberá decidir si sigue las conclusiones del Abogado General, lo que determinará si se mantiene la suspensión de la inmunidad parlamentaria y si puede continuar el proceso penal en España.
