<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El próximo 25 de septiembre se cumplen cincuenta años del fusilamiento de dos miembros de ETA y tres del FRAP por parte del agonizante régimen dictatorial de Francisco Franco, que hizo oídos sordos a todos los llamamientos internacionales para impedirlo. Como consecuencia de ello, la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) suspendió las negociaciones de adhesión, se produjo la mayor retirada de embajadores extranjeros de España desde 1946 y hubo manifestaciones masivas ante las representaciones de España en el exterior, incluido el incendio de la Embajada en Lisboa.</strong></h4> Aquellas ejecuciones, las últimas del régimen franquista y, de hecho, de la historia de España, pretendieron ser una muestra de fuerza por parte de un régimen cada vez más arrinconado en su “búnker” ante las creciente presiones internas y externas y ante el evidente deterioro de la salud de Franco, al que le quedaban apenas dos meses de vida. A los retos a que se había enfrentado el franquismo en sus últimos años (crecimiento económico acelerado pero desequilibrado, creciente conflictividad social y política en las calles y en las universidades, pugnas internas entre familias políticas del régimen en torno a la sucesión del dictador, las presiones de Marruecos por hacerse con el Sáhara Occidental o las posiciones críticas de parte de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II), se había unido recientemente el auge del terrorismo, que puso más que en evidencia la debilidad de un régimen que creía tenerlo todo controlado, sobre todo en materia de represión y de seguridad. El grupo terrorista ETA, que apenas dos años atrás había asesinado al presidente del Gobierno y verdadera mano de derecha de Franco, Luis Carrero Blanco, había matado en 1974 a diecinueve personas (incluidas las trece víctimas del atentado de la calle del Correo) y a otras catorce en 1975. Por su parte, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) había desarrollado una campaña de atentados en verano que causó la muerte de dos policías y un guardia civil. La respuesta inmediata del régimen fue la promulgación del Decreto ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre Prevención del Terrorismo, que sirvió de base para cinco consejos de guerra (28 de agosto y 11, 12, 17 y 19 de septiembre) en los que fueron condenados a muerte ocho miembros del FRAP y tres miembros de ETA político-militar por su participación en el asesinato de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad entre 1974 y 1975. El Gobierno de Carlos Arias Navarro conmutó seis de las penas máximas, pero confirmó las otras cinco. Finalmente, el 27 de septiembre de 1975 fueron fusilados José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, del FRAP, y Ángel Otaegi y Juan Paredes Manotas o Manot (Txiki), de ETA pm. <h5><strong>Indignación internacional</strong></h5> La noticia de que las ejecuciones se habían llevado a cabo a pesar de todos los llamamientos internacionales de clemencia, incluido el del Papa Pablo VI, generó una profunda indignación en todo el mundo, con manifestaciones masivas en las calles y ataques a empresas e instituciones españolas, incluido el asalto e incendio de la Embajada de España en Portugal. En Francia, miles de personas se concentraron ante la Embajada de España en París y hubo manifestaciones en Bayona, Toulouse, Metz, Perpiñán, Nimes, Lyon, Rouen y Le Havre, Aparte, los grupos de izquierda exigieron más contundencia al Gobierno francés y acusaron de “complicidad tácita” a Valéry Giscard d’Estaing por no pronunciarse sobre estos hechos, mientras el presidente justificaba su “prudencia” por la necesidad de no deteriorar las relaciones de “bon voisinage” con España. Esa postura no impidió que, finalmente, París se uniera el 6 de octubre a la decisión de los nueve Estados miembro de la CEE de congelar las negociaciones para la adhesión de España mientras no hubiera avances hacia una “democracia pluralista”. La mayoría de los integrantes del Mercado Común y otros países europeos retiraron a sus embajadores en Madrid. De hecho, la retirada de personal diplomático extranjero fue más contundente que la que se produjo en 1946 después de que la Asamblea General de la ONU recomendara a sus Estados miembros romper las relaciones diplomáticas con España por el evidente apoyo de Franco a Adolf Hitler durante la II Guerra Mundial. Asimismo, se redactaron manifiestos y se produjeron encierros de protesta, campañas de boicot desde Francia e Italia, una rueda de prensa en Madrid de intelectuales de la talla de Michel Foucault, Régis Debray y Costa-Gavras (inmediatamente expulsados de España), una campaña liderada por Jean-Paul Sartre y otros para reclamar “el bloqueo de la España fascista” y un intento de manifestación internacional en Hendaya, cerca de la frontera pirenaica, que fue prohibida por las autoridades francesas del Gobierno de Giscard d’Estaing a causa de las presiones españolas. El hecho más grave se produjo el 8 de octubre con el ametrallamiento del agregado militar de la Embajada española en Francia, Bartolomé García Plata, por parte de un grupo autodenominado Brigadas Internacionales. García Plata resultó herido de gravedad y el Gobierno español achacó el atentado a la “libertad de movimientos de que, de hecho, disfrutan en Francia determinados grupos terroristas españoles”. También hubo varias iniciativas institucionales de peso. El Gobierno de México cerró la Oficina de Negocios de España en el país y la representación de la agencia de noticias EFE, canceló los vuelos entre Madrid y la Ciudad de México y pidió la expulsión de España de la ONU. No obstante, el entonces secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, consiguió, mediante presiones, que la propuesta mexicana no saliera adelante. Una excepción, poco sorprendente, fue el Chile de Augusto de Pinochet, quien escribió una carta personal a Franco (de dictador a dictador) para expresarle “la más absoluta solidaridad del pueblo y del Gobierno de Chile con el pueblo y el Gobierno de España” frente a la “infame campaña internacional que enfrenta España”.
