<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la manifestación del consentimiento de España para obligarse por cuatro enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) que permitirán a este tribunal investigar como crímenes de guerra el uso del hambre como método de guerra y el empleo en contextos bélicos, tanto internacionales como internos, de armas biológicas, armas de fragmentos no localizables y armas láser cegadoras.</strong></h4> El pasado 3 de junio fue aprobada la Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una vez aprobadas por las Cortes Generales. El texto fue firmado ese mismo día por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y entró en vigor al día siguiente. La manifestación del consentimiento estatal, autorizada este martes, constituye, en última instancia, la base para la formación de las normas y obligaciones internacionales, ya que convierte al Estado negociador en parte contratante y le obliga a asumir sus disposiciones. El Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, fue adoptado el 17 de julio de 1998 y ratificado por España el 24 de octubre de 2000, entrando en vigor para nuestro país el 1 de julio de 2002. El 6 de diciembre de 2019, la Asamblea de los Estados Partes adoptó una resolución para enmendar el citado artículo 8 insertando un apartado sobre el uso intencionado del hambre contra la población civil como método de guerra, en conflictos de índole no internacional, equiparándolos así con los de carácter internacional para los que el Estatuto de Roma ya prevé una norma idéntica en el mismo artículo. Concretamente, la enmienda incluye como crimen de guerra “hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro”. Esta enmienda entra en vigor mes y medio después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobase una resolución presentada por España y Palestina sobre protección de la población civil y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias en relación con el conflicto en Gaza. El texto incluía, entre otros puntos, una firme condena a “toda práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra” y advertía de la obligación de “no privar a la población civil en la Franja de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia”. Por ello, exigía que Israel concluyese inmediatamente el bloqueo, abriese todos los pasos fronterizos y asegurase que la ayuda llegue a la población civil palestina en toda la Franja de Gaza inmediatamente y a gran escala, en línea con sus obligaciones bajo el derecho internacional y los principios humanitarios”. Este pasado lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, denunció en Nueva York, en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la ONU para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados, “la hambruna inducida en Gaza”. “Estamos hablando de que todos los días mueren seres humanos por no tener acceso a una comida que se apila en las fronteras de Gaza. 100.000 niños, 40.000 de ellos bebés, están en riesgo de muerte los próximos días”, advirtió. Este lunes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó que haya una hambruna en la Franja, a pesar de las denuncias de Naciones Unidas, las ONG, la prensa gazatí e incluso organizaciones israelíes, y aseguró que las imágenes que demuestran que sí hay hambre han sido “escenificadas o manipuladas” por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Al día siguiente de estas declaraciones, el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió que sí hay una hambruna en Gaza y que eso “no se puede fingir”. El pasado mes de junio, el Gobierno estadounidense de Donald Trump sancionó a cuatro juezas de la CPI que habían emitido una orden de detención contra Benjamin Netanyahu.
