<h6>Eduardo González</h6> <h4><strong>El Gobierno de España ha celebrado este jueves la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se advierte de que los Estados tienen la “obligación” de combatir el cambio climático.</strong></h4> “España celebra la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. La Corte, prosigue, “señala que los tratados sobre cambio climático obligan a los Estados parte a garantizar la protección del clima y el medio ambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero”. Asimismo, “determina que el incumplimiento por un Estado de sus obligaciones climáticas constituye un hecho internacionalmente ilícito que puede generar la obligación de reparación a los Estados afectados”, añade. Según Exteriores, “España participó en el proceso sosteniendo que la obligación de prevenir los daños causados por el cambio climático forma parte de las obligaciones de los Estados según el Derecho Internacional”. “España también defendió el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, agregó el Departamento dirigido por José Manuel Albares. En su dictamen, emitido este miércoles, la CIJ estima que el cambio climático es un "riesgo universal" existencial causado "inequívocamente" por la actividad humana y que los Estados miembros tienen el "deber" de prevenir el cambio climático adoptando medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. A al fin, el máximo órgano judicial de la ONU pide que se acabe con la subvención de los combustibles fósiles, que se prohíban nuevas prospecciones y que no se concedan más licencias de extracción. La opinión consultiva insta también a los Estados partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a cumplir las disposiciones relevantes del Protocolo de Kioto, a perseguir -a partir de lo establecido en el Acuerdo de París- el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 C y a cumplir sus obligaciones en materia de adaptación y cooperación, incluida la transferencia de tecnología y financiación, “todo ello de buena fe”. La Corte Internacional de Justicia advierte también de que la violación de cualquiera de estas obligaciones “constituye un hecho internacionalmente ilícito que acarrea la responsabilidad del Estado infractor”. La opinión consultiva, la primera relativa al clima de la CIJ desde su creación, fue emitida tras la solicitud presentada en 2023 por más de 190 países ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
