<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes ante el Congreso que la intervención del Gobierno en la opa de BBVA sobre Sabadell está “perfectamente alineada con la normativa europea, tanto en materia de unión bancaria como de libre circulación de capitales”.</strong></h4> “Lo que estamos poniendo sobre la mesa es la creación o la generación de un precedente según el cual se puede generar valor para los accionistas de ambas entidades sin que ello vaya en detrimento del interés general, es decir, que el valor que conlleve esta operación no venga única y exclusivamente de razones de sinergias mal entendidas, como pueden ser las asociadas a despidos o cierre de oficinas”, afirmó Cuerpo ante Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. La comparecencia del ministro ha tenido lugar días después de que la Comisión Europea anunciase la apertura de un procedimiento formal de infracción contra España por considerar que la normativa nacional en que se basó su intervención en la opa de BBVA sobre Sabadell vulnera el marco legal de la Unión Europea en materia bancaria y de competencia. Según Cuerpo, la intervención del Gobierno ha sido conforme a lo previsto en la Ley de Defensa de la Competencia, que está “perfectamente alineada con la normativa europea tanto en materia de unión bancaria como de libre circulación de capitales” y que permite al Ejecutivo imponer condiciones adicionales a las planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “por razones o criterios de interés general distintos a los de Competencia”. “Lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con la operación es que puede generarse valor para los accionistas privados de ambas entidades sin que se vea perjudicado el interés general”, añadió. <h5><strong>Bruselas y el Gobierno</strong></h5> El Ejecutivo comunitario anunció el pasado jueves la decisión de abrir un procedimiento formal de infracción contra España por considerar que la normativa nacional -en vigor desde hace diez años- vulnera el marco legal de la Unión Europea en materia bancaria y de competencia. Por ello, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas por lo que considera una extralimitación del Gobierno en sus competencias al intervenir en operaciones de concentración bancaria como la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Al respecto, Carlos Cuerpo aseguró este lunes que el Gobierno colaborará “de manera constructiva” con la Comisión Europea. El pasado 23 de junio, el Consejo de Ministros autorizó la operación de concentración entre BBVA y Sabadell con la condición de “mantener la personalidad jurídica, el patrimonio separado y la autonomía en la gestión” en los próximos tres años. Con esta decisión, el Gobierno endurecía las condiciones impuestas inicialmente por la CNMC para aceptar la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell. La Ley de Competencia, en la que se ha amparado el Consejo de Ministros, permite al Gobierno suavizar o endurecer las condiciones de la CNMC en nombre del interés general. Según declaró Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta medida permitirá mantener la independencia del Sabadell en lo que se refiere a autonomía en la gestión, financiación y crédito a pymes, recursos humanos, red de oficinas y obra social. Con esta decisión, el Sabadell seguirá siendo una entidad separada jurídicamente durante al menos tres años, ampliables a otros dos. “Cada entidad deberá preservar la autonomía en la gestión de su actividad orientada al mantenimiento de los criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia, que fundamentan la decisión del Consejo de Ministros”, indicó el Ministerio en una nota de prensa. “Estos criterios encuentran arraigo en la Constitución Española, se encuentran promulgadas por distintas normas del ordenamiento jurídico y están avaladas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, añadió. Concretamente, estos criterios son: garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial, protección de los trabajadores, cohesión territorial, objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible y promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico. El proceso comenzó hace más de un año. En este periodo, el Banco Central Europeo dio su visto bueno a la operación en septiembre y la CNMC lo hizo en mayo, tras lo cual abrió un plazo de 15 días para que el Ministerio de Economía decidiese si elevaba la cuestión al Consejo de Ministros, como finalmente hizo.
