<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La propuesta de España para incluir el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales en la Unión Europea a partir de enero de 2027 ha vuelto a estancarse este viernes tras la decisión del Consejo de Asuntos Generales (CAG) de aplazar cualquier decisión sobre este tema después de que varios Estados miembros hayan vuelto a expresar sus dudas sobre el impacto económico y legal de esta iniciativa.</strong></h4> El asunto figuraba en segundo lugar en el orden del día del CAG (el primero de la Presidencia danesa del Consejo de la UE), y aunque se había planteado la posibilidad de una votación, todo se ha quedado reducido a un mero debate sin consecuencias. Finalmente, el Gobierno de España ha decidido posponer la votación ante la falta de apoyos entre los Veintisiete. Por tanto, se ha repetido la situación del CAG del pasado mes de mayo, cuando el Gobierno español se vio obligado a renunciar a la votación por falta de consenso y la entonces Presidencia polaca decidió posponer el debate. Antes del comienzo del CAG, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, declaró a la prensa que el resto de los Estados miembros saben perfectamente que esta medida no tendría “ningún impacto” y, por tanto, “no hay ningún argumento, ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa en un minuto más”. El Gobierno de Pedro Sánchez había hecho circular una nueva propuesta en la que insistía en que España estaba dispuesta a asumir los costes de la iniciativa y en que no es necesario modificar los tratados de funcionamiento de la UE para oficializar las tres lenguas cooficiales españolas, en contra del criterio de los servicios jurídicos de la Unión. El Ministerio de Asuntos Exteriores consideraba que este nuevo documento despejaba todas las dudas posibles, pero no ha convencido a algunos países. Respecto a las dudas legales y financieras expresadas este mismo viernes en Bruselas por cuatro o cinco ministros de la UE, Sampedro aseguró antes de la reunión que el Gobierno español está “convencido” de que esta decisión no tendría “ningún impacto”. “Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones, pero desde luego no es la falta de información ni la falta de explicaciones”, manifestó. Según recoge la agencia Europa Press, varios ministros europeos han dejado claro a su llegada a la reunión de Asuntos Generales que persisten “muchas dudas” sobre el impacto legal, práctico y financiero que tendría esta iniciativa para el conjunto de la Unión Europea. La ministra danesa de Asuntos Europeos y presidencia de turno del Consejo de la UE, Marie Bjerre, informó a su llegada a la reunión de que no contemplaba una votación para este viernes a causa de las dudas sobre un asunto que requiere unanimidad para salir adelante. Por su parte, la ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, dejó claro que su Gobierno no apoyaría la propuesta mientras no se resuelvan las reservas legales planteadas por el propio servicio jurídico del Consejo y el ministro polaco de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka (cuyo país ejerció hasta julio la presidencia de la UE), insistió en que “hay muchas dudas sobre este asunto entre los Estados miembros y hay ciertas dudas legales”. El exprimer ministro luxemburgués y actual ministro de Exteriores, Xavier Bettel, declaró a su llegada que “realmente no es el momento adecuado” para aprobar la iniciativa y el ministro francés para Europa, Benjamin Haddad, reconoció que es un asunto “muy importante” para España, pero en el pasado CAG de mayo ya quedó claro que no hay “ningún consenso”. “Quiero que se siga trabajando con los españoles para encontrar soluciones constructivas para avanzar en la cuestión presupuestaria y en el plano jurídico”, añadió.
