<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en la que se pide al Gobierno la prohibición del tránsito de mercancías “desde los territorios ocupados ilegalmente por Israel”.</strong></h4> La moción, presentada el pasado 27 de junio para su debate en el Pleno del Congreso, denuncia que, según una investigación llevada a cabo por el Palestinian Youth Movement, recogida el 25 de junio por en ElDiario.es, “España ha permitido el tránsito y transbordo de mercancías procedentes de asentamientos ilegales israelíes con destino a EEUU”. Los envíos de mercancías, según esa investigación, provendrían del asentamiento ilegal de Bakar en Cisjordania, fundado en 1981. Los envíos a EEUU desde Israel, a través de puertos españoles, se habrían producido desde el 8 de noviembre de 2024 hasta el 18 de junio de 2025 con empresas israelíes como Ronopolidan, Ofertex Industries, ISM Magen Goldman Safes Enclosure, Best Stones o Pinhas Hisherik. Asimismo, se habrían registrado envíos de otras zonas ocupadas ilegalmente como los Altos del Golán o la Franja de Gaza. Por todo ello, la Proposición no de ley insta al Gobierno a “prohibir con carácter inmediato el tráfico de mercancías de empresas presentes en los asentamientos y territorios ocupados ilegalmente por Israel en territorio español”, establecer un embargo de armas a Israel y, consecuentemente, prohibir la compra y venta de armas por o a empresas israelíes cuyo origen o destino sea Israel y “romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”. <h5><strong>KKR</strong></h5> Aparte, en otra PNL presentada ese mismo día, Podemoss insta al Gobierno de Pedro Sánchez a rescindir “cualquier relación económica o contractual” con empresas que “colaboren con la ocupación y el genocidio que perpetra Israel en Palestina”. La moción denuncia que la empresa multinacional estadounidense Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) es una de “las principales inversoras inmobiliarias en los asentamientos ilegales que colonos israelís ocupan en Cisjordania”. Dichos asentamientos “han sido condenados por reiteradas resoluciones de organismos internacionales, como las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas 446 y 465”, o por “la reciente resolución del Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas del 19 de julio de 2024, que dictaminó que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional y exigió a Israel ¡detener los asentamientos y evacuar a los colonos’, así como reparar el daño causado a los palestinos afectados por la ocupación”, prosigue. Podemos asegura también que esta entidad ha comerciado, “en muchas ocasiones”, con bienes inmuebles “confiscados ilegalmente por el ejército palestino ocupante a la población palestina”. “Esta entidad, a través de su filial Hipoge, tal y como ha denunciado el Sindicato de Inquilinas, administra la mayoría del parque inmobiliario de la entidad pública SAREB (el denominado ‘banco malo’) mediante un contrato que obtuvo en el año 2022”, prosigue. “Cumple la función de ‘servicer’, como gestor y administrador de las propiedades de la SAREB para la venta, tareas que comparte con Aliseda o Anticipa, filiares del fondo buitre Blackstone”, añade. “La gestión de estas viviendas se ha caracterizado por una búsqueda de beneficios por delante las necesidades sociales, en viviendas que son propiedad pública a través de una entidad que depende presupuestariamente del Estado”, asegura Podemos. “El mantenimiento de relaciones económicas con entidades que colaboran y financian activamente el régimen israelí que está perpetrando hace años un genocidio en Palestina sitúa a España como un colaborador de ese proceso y pone en manos de especuladores y criminales elementos tan sensibles como el derecho a la vivienda”, advierte la formación de Belarra. Por ello, la PNL insta al Gobierno a “rescindir cualquier relación económica o contractual que mantenga con KKR y sus filiares, en particular la gestión de las propiedades de la SAREB”, a “no establecer relaciones económicas de ningún tipo con entidades que sostengan las actuaciones de ocupación ilegal y genocidio del Estado de Israel, así como rescindir las que existan”, y a “rescindir cualquier relación contractual con fondos de inversión para la gestión del patrimonio inmobiliario público”.
