Bruselas alerta del retraso de España en su estrategia contra la corrupción

Ane Barcos En su Informe sobre el Estado de Derecho 2025, publicado este martes, la Comisión Europea señala que España ha realizado avances parciales en materias como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del estatuto del Fiscal General o la regulación del lobby. Sin embargo, subraya que persisten retos relevantes, como la necesidad de completar la reforma del sistema de nombramiento judicial, la falta de una estrategia nacional contra la corrupción, el bajo nivel de aplicación del soborno en el extranjero y la ausencia de progresos en el acceso a la información pública y en la transparencia de los medios de comunicación. En el capítulo dedicado a España dentro del Informe sobre el Estado de Derecho 2025, la Comisión Europea recuerda que “el Gobierno está obligado por ley a adoptar una estrategia integral para prevenir y combatir la corrupción, pero el trabajo en ella aún no ha comenzado”. El documento recoge que se han proporcionado más recursos a la Fiscalía con el objetivo de reducir la duración de las investigaciones y enjuiciamientos por corrupción de alto nivel, y que sigue en curso la revisión del Código de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, Bruselas advierte de que el nivel de aplicación del delito de soborno en el extranjero continúa siendo bajo. En materia de cooperación institucional, el Ejecutivo comunitario constata que sigue siendo buena, y que se ha mejorado la eficiencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aunque persisten limitaciones relacionadas con los recursos disponibles. El informe también se refiere al proyecto de ley presentado en el Parlamento para regular la actividad del lobby, que incluye medidas para reforzar la independencia y las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses. Sin embargo, apunta que “no se han adoptado más medidas para mejorar las normas sobre conflictos de interés para los empleados públicos en las distintas administraciones”. Asimismo, valora que se hayan dado pasos para reforzar las normas sobre declaraciones patrimoniales de altos cargos, pero advierte de que dicha Oficina sigue integrada en la estructura del Gobierno y no ha visto ampliadas sus competencias sancionadoras. En el ámbito judicial, la Comisión destaca como un hito la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el diálogo estructurado mantenido con las autoridades españolas en 2024, así como la puesta en marcha de medidas para adaptar el sistema de nombramiento de los vocales judiciales a los estándares europeos. El nuevo Consejo, según el informe, ha reanudado los nombramientos en puestos de responsabilidad en la carrera judicial. En paralelo, el informe señala que se han adoptado o están en tramitación medidas para modificar el estatuto del Fiscal General del Estado. Entre ellas, un proyecto legislativo que contempla la desvinculación de su mandato respecto al del Gobierno, la fijación de un mandato único de cinco años no renovable y la obligación de hacer públicas las comunicaciones con el Ejecutivo. Este texto se encuentra actualmente en fase de consulta con órganos nacionales. Según la Comisión, “algunos sectores han expresado opiniones críticas de la reforma”, y el Consejo General del Poder Judicial ha advertido que el proyecto “no garantiza plenamente las salvaguardias de independencia ni los controles internos”. Bruselas también destaca que se han aprobado nuevas medidas sobre incompatibilidades para jueces y fiscales, como el establecimiento de un periodo de espera obligatorio para reincorporarse a la carrera judicial tras ocupar cargos políticos. Se ha adoptado una nueva ley sobre el derecho de defensa, y se han reforzado las garantías del sistema de asistencia jurídica gratuita. Continúan, además, los esfuerzos para avanzar en la digitalización de la justicia, aunque el informe advierte que subsisten desafíos vinculados a los recursos del sistema judicial. La duración de los procedimientos, en especial en el Tribunal Supremo, sigue siendo una cuestión señalada por Bruselas, aunque se han aprobado nuevas normas orientadas a mejorar esta situación. En lo relativo al pluralismo mediático, la Comisión informa de que el regulador audiovisual se está preparando para asumir nuevas funciones de supervisión. También menciona la reforma de la ley que regula RTVE, por la que se modifica la composición del Consejo de Administración y se refuerzan las competencias de su presidencia. No obstante, advierte de que “la transparencia en la propiedad de los medios distintos de los servicios audiovisuales sigue siendo una preocupación”, y recuerda que la futura Ley de Servicios Digitales y Medios prevé la creación de un registro público, cuya aprobación aún está pendiente. El marco jurídico sobre la publicidad institucional tampoco ha sido reformado, pese al incremento en el número de campañas. El informe constata además que “no se ha producido más progreso en el fortalecimiento del acceso a la información”, y que la nueva legislación anunciada sigue sin ser aprobada. Aunque se han puesto en marcha diversas iniciativas legislativas, Bruselas señala que los periodistas continúan enfrentando dificultades en lo relativo a sus condiciones laborales y su seguridad. La Comisión incluye una mención a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró “compatible con la Constitución” la Ley de Amnistía, así como a las cuestiones prejudiciales que ya han sido presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El documento incluye referencias a otras medidas adoptadas en el ámbito del Estado de Derecho, como la creación de un nuevo organismo de igualdad, el nombramiento de responsables en distintas autoridades independientes y la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para atender cuestiones ya señaladas en informes anteriores por diversos actores nacionales e internacionales.

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