Pilar Rangel, redactora de Escudo Digital
El pasado 11 de junio, en el marco de las negociaciones del Brexit, tuvo lugar en Bruselas una reunión entre el comisario europeo Maroš Šefčovič; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares; el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy; y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.
Como resultado, se hizo pública una Declaración conjunta para un acuerdo político entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar que, según los firmantes, salvaguarda las posiciones jurídicas de España y Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción.
Dicha declaración señala que «el principal objetivo del futuro acuerdo es garantizar la prosperidad futura de toda la región. Para ello, se eliminarán la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera». Además, asegura que la implementación de estas medidas aportará «confianza, seguridad jurídica y bienestar a los habitantes de toda la región, promoviendo una prosperidad compartida…».
Este concepto de «prosperidad compartida» ha sido empleado en reiteradas ocasiones por las autoridades gibraltareñas para difundir los supuestos beneficios de un proceso de integración de ambos territorios que pasa ineludiblemente por la eliminación de la Verja.
No obstante, atendiendo al criterio genuino de quien acuñó la noción, y según los datos obtenidos y mostrados en un reciente informe publicado por la Universidad de Málaga –elaborado por ocho autores bajo mi dirección–, el término de «prosperidad compartida» se estaría aplicando incorrectamente, ya que existen serias dudas sobre los beneficios reales que la eliminación de la Verja tendría para la parte española.
Tal como detalla el estudio, y dan a entender las palabras del propio concepto, la «prosperidad compartida» implicaría siempre que la capacidad económica del más fuerte –en este caso Gibraltar, con uno de los PIB per cápita más elevados del mundo, baja deuda pública y casi pleno empleo– se compartiría con la zona adyacente de España, con muchos menos recursos económicos. Esto sería posible si se alcanzaran unas sinergias en la región que incrementaran la capacidad productiva, mejorando los indicadores económicos de la zona y, por ende, su riqueza.
Un acuerdo sin plan integral ni garantías de igualdad de condiciones
Sin embargo, al buscar estas sinergias y la tan ansiada prosperidad anunciada, hemos recurrido a datos empíricos de fuentes contrastadas con el fin de calcular el verdadero impacto económico que tiene la retirada física de la Verja –consecuencia del futuro acuerdo–, y la conclusión es clara: no hay evidencia alguna de que exista un plan integral que garantice que las personas y empresas operen bajo las mismas reglas en ámbitos clave como la fiscalidad (con una equiparación que no se limite al gravamen sobre el consumo), el empleo, los beneficios a los trabajadores, la lucha contra el blanqueo de capitales o la protección medioambiental. Todo ello con la finalidad de evitar un arbitraje regulatorio absolutamente indeseable. Y también se desconoce si hay algún plan de inversiones común y beneficioso para ambos.
Lo que sí hemos discernido es que la «zona de prosperidad compartida», creada con la entrada en vigor de la Declaración firmada el pasado 11 de junio, permitirá a las empresas gibraltareñas acceder al espacio único europeo, es decir, a un mercado de 450 millones de ciudadanos de los Estados miembros de la UE, frente a los 30.000 habitantes de la Colonia.
Además, todo parece indicar que Gibraltar tendrá un impuesto similar al IVA español, pero notablemente inferior y no aplicable al sector servicios. Nada se sabe, en cambio, sobre posibles cambios en el IRPF, cuyos tramos son inferiores en Gibraltar respecto a los territorios españoles próximos, y tampoco se menciona nada sobre el Impuesto de Sociedades, que en Gibraltar está en el 12,5%, ni sobre otros tributos no contemplados en su sistema fiscal, pero que sí están presentes en el español.
Como se comentaba en nuestro informe, la posibilidad de una prosperidad compartida para ambos territorios no parece factible si no se produce una armonización fiscal de forma simultánea a la retirada física de la Verja.
Riesgos para infraestructuras y viviendas
En cuanto a infraestructuras, y como también se indica en nuestro análisis, el puerto de Gibraltar aportaría un dudoso valor añadido al de Algeciras. Por el contrario, el de Gibraltar sí se vería altamente beneficiado por el acuerdo para la eliminación de la Verja, al abrirle la posibilidad de disponer libremente de los servicios de Algeciras, de las infraestructuras de la región (ferrocarril, aeropuertos, carreteras, etc.) y de una laxa fiscalidad que perjudicaría al puerto español.
Por último, ante el escenario de la retirada de la Verja, existe una amenaza real y relevante que no debe pasar inadvertida y que también se señala en el informe. El elevado poder adquisitivo de los residentes en la Colonia, sumado a la escasez de terrenos para promover nueva vivienda en el Peñón y su demanda actual, sin duda desequilibrará el mercado inmobiliario de la comarca con una subida de los precios. Como consecuencia, la adquisición o alquiler de una vivienda se volverá inaccesible para la población local, afectando no solo a los vecinos de La Línea de la Concepción, sino también a los de otros municipios de la comarca cercanos a Gibraltar.
