<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La sección de Servicio Exterior del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha solicitado formalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores la realización “urgente” de evaluaciones de riesgos psicosociales en las 45 oficinas consulares que presentan una mayor carga de trabajo. </strong></h4> Según informa el Boletín del Personal Laboral Exterior (PLEX) correspondiente a Prevención de Riesgos Laborales (PRL), hecho público el pasado 2 de julio, esta solicitud se fundamenta en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligación de evaluar todas aquellas condiciones que puedan afectar a la salud del personal, incluida la organización del trabajo y sus efectos sobre el bienestar físico y emocional de la plantilla. “Es una realidad que la presión estructural sobre el personal consular se ha incrementado de forma significativa en los últimos años”, advirtió CCOO. Esta presión se debe a “varios factores acumulativos”, como el crecimiento sostenido de la ciudadanía española residente en el exterior, la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que ha generado más de 678.000 solicitudes de nacionalidad, y el aumento del 18% en la expedición de visados solo en 2023, con más de 1,3 millones de trámites registrados. “A pesar de esta evolución, la dotación de personal apenas ha variado: mientras la población española en el exterior ha crecido un 107% desde 2009, el incremento de recursos humanos en embajadas y consulados se mantiene por debajo del 2%”, prosigue el sindicato. “Esta descompensación ha generado una sobrecarga persistente, con efectos evidentes sobre la salud de nuestro personal”, añade. Por ello, CCOO-Exterior ha propuesto que se lleven a cabo evaluaciones de riesgos psicosociales en las 45 oficinas consulares con mayor volumen de trabajo, y que, al mismo tiempo, se constituya un grupo de trabajo específico para abordar esta problemática de forma estructural y coordinada en todo el Servicio Exterior. “Es importante recordar que la sobrecarga laboral sostenida está estrechamente relacionada con un aumento de trastornos psicosociales, musculoesqueléticos y cardiovasculares, tal y como señalan múltiples estudios de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, advierte CCOO. “Esta relación no puede ser ignorada”, prosigue. “Actuar de forma preventiva no es solo una obligación legal: es una exigencia ética y una medida necesaria para proteger la salud de quienes prestan servicio público fuera de nuestras fronteras”, añade. Frente a esta situación, denuncia CCOO, “la falta de datos fiables sobre siniestralidad y bajas laborales evidencia la ausencia de una política preventiva real y de un seguimiento riguroso, algo especialmente grave en un entorno tan complejo y exigente como el del Servicio Exterior”. “Por ello, desde CCOO-Exterior defendemos que la evaluación de los riesgos psicosociales debe ser el punto de partida para reorganizar las cargas de trabajo y adaptar las oficinas en función de la salud, la sostenibilidad y el bienestar del personal. No podemos seguir normalizando una realidad que pone en riesgo la salud física y mental del colectivo PLEX”, concluye. <h5><strong>“Carga mental”</strong></h5> No es la primera vez que el sindicato muestra su preocupación por el impacto psicológico del exceso de trabajo en el Servicio Exterior. El pasado mes de abril, CCOO advirtió de “la carga mental” que soporta “una gran parte” del personal como consecuencia de “la perenne infradotación de personal” y la “complejidad de una burocracia aplastante”. En el boletín de abril del sector de la Administración General del Estado de CCOO, el sindicato advertía de que estos problemas generan “un entorno laboral que, aunque no siempre se percibe de inmediato, puede tener graves consecuencias para la salud mental de nuestro colectivo”. CCOO recordaba también que el Ministerio de Asuntos Exteriores había presentado “recientemente” un borrador destinado a evaluar los riesgos psicosociales “a través del cuestionario F-PSICO”, la herramienta cuantitativa más utilizada en España para medir exposición a factores psicosociales. “No obstante, desde CCOO somos muy conscientes de que un documento por sí solo no es suficiente para abordar estas problemáticas de manera objetiva y efectiva”, advertía el sindicato. “Es fundamental que ninguna compañera o compañero quede excluido de este proceso de evaluación, independientemente de su vinculación con la Administración (funcionario, laboral o personal temporal)”, añadía. Por otra parte, el sindicato advertía también de que “los resultados de estas evaluaciones no pueden ser ignorados ni relegados a un cajón”. “Desde CCOO exigiremos que se tomen en serio y velaremos porque se implementen acciones concretas que respondan a los resultados y necesidades detectadas”, proseguía el sindicato. “No permitiremos que estas evaluaciones se traduzcan en otro trámite y caigan en saco roto”, aseguraba Comisiones. “La salud mental de nuestro personal no debe ser un tema que se archive o se pase por alto. Es una materia de vital importancia que requiere atención, recursos y medidas efectivas para garantizar un ambiente laboral más saludable y sostenible”, concluía. <h5><strong>Demanda consular</strong></h5> El pasado 16 de junio, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) advirtió, en respuesta al Balance Consular de 2024 presentado unos días antes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que el “aumento incesante de la demanda de servicios consulares” se está produciendo con unos “medios humanos y materiales cada vez más precarios” y, por tanto, requiere, “con urgencia, más recursos para hacer frente a esta situación”. El comunicado de la ADE recordaba que, a 1 de enero de 2025, residían en el exterior 3,045 millones de ciudadanos españoles, 137.000 (4,7%) más que en la misma fecha del año anterior, un incremento que “se traduce en un aumento automático de los servicios demandados”. Por sólo recordar dos ejemplos del Balance, según la ADE, en 2024 las oficinas consulares españolas expidieron 402.882 pasaportes (un aumento del 3,6 % con respecto a 2023) y realizaron 199.404 inscripciones en los Registros Civiles consulares (un 27% más que en 2023). Aparte, prosiguió, los servicios prestados a los ciudadanos extranjeros también crecieron de manera sostenida, ya que, el pasado año, las oficinas consulares tramitaron 1.796.533 visados (un 11,6% más que en 2023). “Como la ADE viene defendiendo desde la publicación en enero de 2024 de su informe sobre la situación de la red consular, se necesitan con urgencia más recursos para hacer frente a esta situación, que empeorará radicalmente con el impacto la Ley de Memoria Democrática, que posiblemente incrementará el número de españoles residentes en el exterior desde los tres millones actuales a cerca de cuatro millones”, advierte la asociación.