<h6><strong>Ane Barcos</strong></h6> <h4><strong>La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a la falta de transposición completa y correcta de la Directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.</strong></h4> Esta directiva comunitaria establece normas mínimas destinadas a garantizar que todos los trabajadores en la Unión Europea conozcan de manera clara y precisa los elementos esenciales de su relación laboral, incluyendo aspectos como la duración del periodo de prueba, los turnos, la remuneración, así como el lugar y el horario de trabajo. El procedimiento se inició en septiembre de 2022, cuando la Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas. Al no recibir una respuesta satisfactoria, en junio de 2023 remitió un dictamen motivado. En febrero de este año, España notificó a Bruselas algunas medidas con el objetivo de avanzar en la transposición, pero el Ejecutivo comunitario consideró que estas medidas seguían siendo insuficientes. En particular, la Comisión Europea detectó que la normativa española no garantiza plenamente el derecho de todos los trabajadores a recibir información oportuna y completa sobre sus condiciones laborales. Además, algunas disposiciones fundamentales de la directiva, como las relacionadas con el calendario de trabajo o la previsibilidad de las horas, continúan sin estar adecuadamente reflejadas en la legislación nacional. Debido a la persistencia de estos incumplimientos, la Comisión ha decidido remitir el caso al TJUE y ha solicitado que se impongan sanciones económicas a España por la demora. <h5><strong>Otras infracciones</strong></h5> Esta decisión fue anunciada dentro del paquete de infracciones de junio publicado este miércoles por el Ejecutivo comunitario. Además de esta remisión al Tribunal, Bruselas ha abierto otros dos procedimientos de infracción contra España mediante el envío de cartas de emplazamiento, que constituyen la fase inicial de un proceso que podría escalar si no se corrigen los incumplimientos. El primer procedimiento se refiere a la incorrecta transposición de la Directiva sobre agua potable, que tiene como objetivo mejorar la calidad del agua del grifo en la UE, reforzar la protección de la salud humana y avanzar hacia el objetivo de contaminación cero. Según la Comisión, la legislación española presenta varias deficiencias, tales como la reducción del alcance de aplicación de la directiva, la omisión de disposiciones clave sobre la evaluación de riesgos en los sistemas de abastecimiento de agua potable, y la falta de exigencia para realizar revisiones periódicas de las medidas adoptadas. Estas fallas, según Bruselas, comprometen no solo la correcta aplicación del Derecho europeo, sino también el acceso de la ciudadanía a agua segura y de calidad. El segundo procedimiento afecta a la transposición de la Directiva Seveso III, relativa al control de los riesgos de accidentes graves que impliquen sustancias peligrosas. La Comisión señala que la legislación española incumple aspectos esenciales de esta normativa, entre ellos las obligaciones de información a la ciudadanía, los plazos para elaborar planes de emergencia en nuevas instalaciones industriales y la obligación de restaurar el entorno tras un accidente grave. En ambos casos, las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para responder a las observaciones formuladas por la Comisión y adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias. De no hacerlo, la Comisión podría continuar con el procedimiento sancionador y llevar también estos asuntos ante el TJUE.
