<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentaria Plurinacional de Sumar, socio minoritario en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ha denunciado la reciente publicación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de un mapa de Marruecos “que incluye entre sus límites geográficos el Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente de descolonización”.</strong></h4> En una pregunta parlamentaria por escrito registrada el pasado 8 de abril, los diputados Enrique Santiago y Juan Antonio Valero Morales (ambos de Izquierda Unida e integrados en Sumar) denuncian que la AEMET “ha difundido en sus redes sociales un mapa de Marruecos que incluye entre sus límites geográficos el Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente de descolonización, el último del continente africano”. Según los dos diputados, “el uso de un mapa erróneo de Marruecos incluyendo el Sáhara Occidental no es un hecho aislado”, ya que, en los últimos años ha habido varios casos en los que organizaciones y entidades como Enaire (entidad pública empresarial española para la gestión de la navegación aérea en España) o RTVE han empleado este tipo de mapas. <a href="https://thediplomatinspain.com/2023/11/06/sumar-carga-contra-tve-por-incluir-al-sahara-occidental-en-un-mapa-de-marruecos/">En octubre de 2023</a>, Sumar denunció que Televisión Española (TVE) había emitido una información sobre el Mundial de fútbol de 2030 acompañada de un mapa de Marruecos en el que “aparecía el Sáhara Occidental incluido en territorio marroquí”. <a href="https://thediplomatinspain.com/2023/12/26/rtve-atribuye-a-las-prisas-la-lamentable-inclusion-del-sahara-en-el-mapa-de-marruecos/">En su respuesta</a>, Radiotelevisión Española (RTVE) atribuyó este “lamentable error” a “las prisas propias del trabajo informativo y la falta de comprobación”. En su pregunta parlamentaria sobre AEMET, Sumar recuerda que “los saharauis tienen derecho a la independencia y, en cualquier caso, a la libre autodeterminación a través de un referéndum, como establece la Resolución 2229 de 1966 de Naciones Unidas”, un derecho que “se reafirma en 1991 con la firma del alto el fuego en la primera guerra de liberación, y se lleva prometiendo desde hace más de 50 años en los sucesivos tratados de paz”. Según Sumar, “la postura del Gobierno causa un gran daño al pueblo saharaui”. “España está incumpliendo sus obligaciones ante las Naciones Unidas como potencia administradora del Sáhara Occidental: suya es la responsabilidad de garantizar la descolonización y autodeterminación mediante referéndum”, prosiguió. Aparte, advirtió, “el apoyo a la ‘marroquinidad del Sáhara’ supone evadir esa responsabilidad, respaldar la ocupación marroquí y legitimar a una dictadura que viola gravemente los derechos humanos”. Por todo ello, Sumar pregunta al Gobierno “si obligará a AEMET a rectificar” y qué medidas piensa tomar para “asegurar que estos ‘errores’ no vuelvan a suceder”. También insta al Ejecutivo a explicar los pasos que piensa dar para “avanzar en el apoyo a la libre autodeterminación a través de referéndum, como pide Naciones Unidas”, y a hacer una valoración sobe la situación humanitaria en la antigua colonia española “tras constantes y recientes denuncias de violaciones de derechos humanos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental y las denegaciones de entrada a periodistas, diputados y eurodiputados españoles”. <h5><strong>El PP también pregunta</strong></h5> Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular también ha preguntado al Gobierno sobre las “recientes informaciones” que daban cuenta de la “inclusión en determinados mapas de temperaturas de AEMET del territorio de Sáhara Occidental sin señalar sus límites territoriales con Marruecos” y ha pedido al Ejecutivo (en un pregunta parlamentaria registrada el 29 de abril) que aclare si “ha rectificado” esos mapas y si ha dado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (del que depende AEMET) las “órdenes oportunas” para que “se delimite con claridad el territorio del Sáhara Occidental de los países que le rodean”. <h5><strong>Respuesta</strong></h5> En su respuesta, emitida el pasado 4 de junio y publicada esta semana en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Gobierno asegura que la AEMET ha utilizado un mapa del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, coordinado y gestionado por la Comisión Europea y “en cuya ejecución colaboran los Estados miembros, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat), el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, las agencias de la Unión Europea y la empresa Mercator Ocean”. El Ejecutivo recuerda también que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido en siete ocasiones con el enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, y que en estos encuentros “ha tenido la oportunidad de reiterar el compromiso de España de apoyarle para relanzar el diálogo en la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad”. “Los Derechos Humanos son un principio rector de la política exterior del Gobierno de España”, prosigue la respuesta. “En todas las relaciones con todos los países, tanto bilateralmente como a través de la Unión Europea en el diálogo con esos países, este Gobierno hace valer la defensa de los Derechos Humanos de manera global y en los casos particulares”, añade. En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez tomó la inesperada decisión de avalar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, la antigua colonia española ocupada por Marruecos desde 1976, por considerarlo “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Esta medida permitió superar la gravísima crisis diplomática con Marruecos, pero fue rechazada por todo el resto del arco parlamentario, incluidos Sumar y el resto de socios de gobierno, y ha generado, entre otras consecuencias, numerosas críticas a las autoridades españolas por su aparente complicidad con Rabat en materia de derechos humanos en el Sáhara Occidental. En estos tres años, el Gobierno ha sorteado todas las preguntas parlamentarias relacionadas con la persecución de periodistas y activistas saharauis y con la situación de solicitantes de asilo del antiguo territorio español.
