Esmaeil Baqaei
Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán
El mundo debe unirse para contrarrestar al agresor
En las primeras horas de la mañana del 13 de junio de 2025, Israel lanzó un ataque armado a gran escala e injustificado contra Irán. Esto fue un acto de agresión atroz según toda definición. A través de ataques coordinados con aviones, misiles y drones, se dirigió contra barrios residenciales, infraestructuras civiles, autoridades públicas e instalaciones nucleares sujetas a salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Estas acciones constituyen una violación grave e inequívoca del derecho internacional, en particular del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como de la Carta de las Naciones Unidas. En un caso particularmente atroz, un ataque israelí contra un edificio residencial causó la muerte de 60 civiles, incluidos 35 niños y mujeres. En una nueva ola de operaciones militares, Israel también comenzó a atacar infraestructuras y sitios industriales.
El principal pretexto para el ataque fue el programa nuclear de Irán. Como ha sido verificado una y otra vez por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), las instalaciones nucleares de Irán se utilizan exclusivamente con fines pacíficos y siguen sujetas al régimen de inspección más completo e intrusivo administrado bajo auspicios internacionales. El ataque del régimen israelí contra estas instalaciones nucleares civiles protegidas constituye un acto deliberado de agresión y una violación flagrante del derecho internacional y del marco jurídico que rige la seguridad y protección nuclear.
Como reafirmó el Director General del OIEA, Rafael Grossi, durante la reciente sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las Resoluciones de la Conferencia General del OIEA GC (XXIX)/RES/444 y GC (XXXIV)/RES/533 dejan claro que cualquier ataque armado contra instalaciones nucleares destinadas a fines pacíficos constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas, del Estatuto del OIEA y de los principios fundamentales del derecho internacional. Estas resoluciones subrayan los graves riesgos que tales ataques representan para la seguridad nuclear y destacan su impacto profundamente desestabilizador en la paz regional e internacional.
La naturaleza del ataque no deja lugar a ambigüedades: constituye un acto de agresión en violación directa del derecho internacional. El umbral legal ha sido claramente superado.
El régimen israelí tiene un historial largo y bien documentado de uso ilegal de la fuerza contra Estados soberanos. Su ataque repetido a poblaciones civiles, infraestructuras críticas y sitios protegidos refleja un desprecio sistemático por los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Esta última agresión no es un episodio aislado; forma parte de una política coherente que emplea la coerción como arma y desafía abiertamente el orden jurídico internacional. No se trata de una simple negligencia del Estado de derecho, está siendo desmantelado deliberadamente.
Debe reconocerse el contexto más amplio de la conducta del régimen israelí. Israel está actualmente sujeto a procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia por presuntos actos de genocidio en Gaza, y su liderazgo de alto nivel, incluido el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, enfrenta acusaciones creíbles de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluido el ataque deliberado contra civiles, el uso de la hambruna como método de guerra y la imposición sistemática de castigos colectivos. Estos no son incidentes aislados. Forman parte de una política duradera de represión militarizada, impunidad institucionalizada y desprecio por los principios fundamentales del derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario.
En un momento en que la credibilidad del sistema internacional está siendo objeto de un intenso escrutinio, la aplicación selectiva de los principios legales y la dependencia del oportunismo político amenazan con desplazar los valores fundamentales de la coherencia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
En respuesta a la agresión ilegal e injustificada del régimen israelí, la República Islámica de Irán ejerció legalmente su derecho inherente a la legítima defensa, tal como se consagra en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Este derecho fundamental permite a un Estado defender su soberanía e integridad territorial cuando es objeto de un ataque armado. La respuesta de Irán se ajustó estrictamente a los principios y parámetros establecidos por el derecho internacional, asegurando que sus acciones fueran mesuradas, necesarias y apropiadas en las circunstancias.
Específicamente, la respuesta de Irán fue cuidadosamente calibrada para ser proporcional a la amenaza y al ataque militar de Israel. La respuesta se dirigió exclusivamente a objetivos militares legítimos, incluidos centros de mando y control, instalaciones militares estratégicas e infraestructura operativa vinculada directamente al ataque ilegal. En todo momento, Irán mantuvo un estricto cumplimiento con las normas del derecho internacional humanitario, priorizando la minimización de daños colaterales.
La incapacidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para responder de manera decisiva a este acto de agresión representa un incumplimiento de su responsabilidad fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales. En casos anteriores, el Consejo ha actuado de forma rápida y unánime. Tras el ataque israelí en 1981 al reactor nuclear Osirak de Irak, el Consejo adoptó la Resolución 487, condenando el ataque y afirmando la inviolabilidad de las instalaciones nucleares con fines pacíficos. Ese precedente sigue siendo inequívoco. La ley sigue siendo clara. Sin embargo, hoy, el Consejo permanece paralizado, sus deliberaciones sofocadas por presiones políticas y el escudo protector extendido por un pequeño grupo de Estados poderosos. Esta inacción amenaza con erosionar los mismos cimientos del sistema multilateral.
Irán hace un llamado a la comunidad internacional para condenar este acto de agresión y reafirma su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional. La soberanía no es negociable. Las instalaciones nucleares bajo salvaguardias del OIEA no deben ser atacadas. No se debe permitir que la fuerza armada reemplace a la diplomacia. No se puede permitir que el régimen israelí reescriba las reglas de conducta internacional mediante violaciones repetidas y provocaciones calculadas. El camino hacia la paz comienza con la rendición de cuentas, y el sistema internacional debe reunir la voluntad para hacerla valer.
