Sumar presenta una Proposición de Ley que impediría a España reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara

Eduardo González El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso ha presentado una Proposición de Ley en la que se pide a España que cumpla las obligaciones internacionales de “no reconocimiento y no asistencia” en los casos de “ocupación ilegal de territorios”, lo que implica que no debería reconocer, “de forma expresa ni tácita”, la soberanía o administración de una potencia ocupante “sobre un territorio ocupado ilegalmente”, con mención expresa al Sáhara Occidental, entre otros. La proposición de Sumar (socio minoritario del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez), presentada el pasado 28 de mayo por la diputada Teslem Andala Ubbi (más conocida como Tesh Sidi, nacida en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf) y publicada este viernes por el Boletín Oficial de la Cámara Baja, recuerda que el cumplimiento del Derecho Internacional, y en particular del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, “constituye un elemento esencial para preservar la paz y la seguridad internacionales, proteger a las poblaciones civiles en situaciones de conflicto y garantizar el respeto al principio de legalidad en las relaciones entre Estados”. Se trata, prosigue, de “un marco normativo robusto que España, como Estado parte en la Carta de las Naciones Unidas y miembro activo de la comunidad internacional, ha incorporado a su ordenamiento jurídico”, lo cual obliga a nuestro país a “respetar, proteger y hacer cumplir el conjunto de normas internacionales que prohíben la ocupación ilegal de territorios, la anexión por la fuerza y la consolidación de situaciones derivadas de vulneraciones graves del Derecho Internacional”. También recuerda que “el principio de inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza constituye una norma fundamental del orden internacional, consolidada desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945”, y que este principio fue reafirmado “de forma clara” por el Consejo de Seguridad en 1967, que calificó de “inadmisible la adquisición de territorio mediante la guerra” y exigió “la retirada de las fuerzas armadas de los territorios ocupados”. Aparte, la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, ratificada por España en 1952, establece que “la potencia ocupante no podrá trasladar parte de su población civil al territorio ocupado ni realizar anexiones de facto”. “Estas disposiciones han sido reiteradamente interpretadas por el Tribunal Internacional de Justicia (TU) como normas imperativas del Derecho Internacional general que no admiten acuerdo en contrario”, prosigue Sumar. Estos principios, advierte la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, implican “la invalidez legal de los asentamientos israelíes en territorio ocupado”, obligan “a todos los Estados a distinguir en sus relaciones pertinentes entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967” y exhortan “a todos los Estados a no reconocer la situación de ocupación del Territorio Palestino”. “Situaciones análogas se han confirmado en relación con el Sahara Occidental, donde el Consejo de Seguridad y la Asamblea General han reiterado el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y han rechazado los intentos de anexión por parte de Marruecos”, prosigue. “También han sido objeto de condena internacional” la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa y la ocupación de parte de Chipre por Turquía desde 1974, añade. “Ni expresa ni tácitamente” Por todo ello, la Proposición de Ley establece que “ningún ente del sector público (…) podrá reconocer, de forma expresa ni tácita, como legítima la soberanía o administración ejercida por una potencia ocupante sobre un territorio ocupado ilegalmente”. Por todo ello, se prohíbe la apertura de representaciones diplomáticas o consulares en territorios ocupados, la firma de tratados internacionales que incluyan los territorios ocupados como parte del Estado ocupante, la participación en actos oficiales, eventos internacionales, visitas institucionales o programas públicos y el uso en documentación pública, material educativo o cartografía oficial de denominaciones, referencias geográficas o simbología que normalicen o legitimen la ocupación ilegal. Aparte, “las autoridades y entidades públicas españolas deberán abstenerse de colaborar, directa o indirectamente, en el mantenimiento de situaciones de ocupación ilegal” y queda “prohibida la celebración de ningún tipo de acuerdo o de negocio jurídico bilateral o multilateral, de carácter político, comercial, militar, económico, cultural, deportivo, tecnológico, académico, científico, institucional o de otro tipo con la potencia que ocupe ilegalmente un territorio”. También queda “expresamente prohibida” la participación en actividades de extracción, comercialización, transporte o aprovechamiento económico de recursos naturales provenientes de territorios ilegalmente ocupados, “salvo que se acredite el consentimiento libre y auténtico de la población protegida y un beneficio exclusivo para la misma”. La Proposición pide también que las administraciones públicas garanticen, “en todo momento”, la distinción jurídica, administrativa y geográfica entre el territorio legítimo de la potencia ocupante y los territorios ocupados ilegalmente e insta al Estado español a promover “de manera activa en los foros y organizaciones europeos e internacionales de las que forme parte, y en especial en el sistema de Naciones Unidas, el respeto al Derecho Internacional en relación con los territorios ilegalmente ocupados”, así como a impulsar “medidas multilaterales orientadas a poner fin a situaciones de ocupación ilegal y a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los pueblos a su autodeterminación”. Sáhara Occidental La Proposición de Ley, de salir adelante, podría chocar con el giro brusco e inesperado que dio el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2022, cuando decidió avalar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, la antigua colonia española ocupada por Marruecos desde 1976, por considerarlo “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Esta medida permitió superar la gravísima crisis diplomática con Marruecos, pero fue rechazada por todo el resto del arco parlamentario, incluidos Sumar y el resto de socios de gobierno. El pasado mes de octubre, el Gobierno español eludió cualquier pronunciamiento sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de anular los acuerdos comerciales de 2019 entre la Unión Europea y Marruecos por considerar que el pueblo del Sáhara Occidental no había sido consultado adecuadamente a pesar de afectar directamente a los recursos de su territorio. “Respetamos las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante la Comisión de Exteriores del Congreso.

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