<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El acuerdo alcanzado este miércoles en Bruselas por la Unión Europea y el Reino Unido sobre el futuro encaje de Gibraltar en la UE ha generado un debate indirecto, pero contundente, entre el actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (del PSOE), y uno de sus predecesores, José Manuel García-Margallo (del PP), quien fue, durante su mandato (2011-2016), uno de los responsables de Exteriores más beligerantes en todo lo referente al Peñón.</strong></h4> “Se trata del primer gran acuerdo global en más de 300 años”, declaró José Manuel Albares este jueves en una entrevista a Radio Nacional de España (RNE), al día siguiente de participar en la firma del acuerdo junto al vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, en presencia del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Según el ministro, se trata de un acuerdo “histórico” que abre “una nueva gama de posibilidades” a la relación entre España y el Reino Unido, así como entre Reino Unido y la Unión Europea, y supone “un gran paso adelante por la convivencia”, prosiguió. “Los objetivos que se marcaba España están alcanzados”, aseguró Albares. Uno de estos objetivos, precisó, es garantizar la mayor estabilidad y seguridad para las personas que viven en la zona, para “los 15.000 trabajadores que todos los días transitan” y para “los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar”. Aparte, prosiguió, España será la encargada de llevar a cabo, en su calidad de país de la zona Schengen más cercano, los controles de pasaportes en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, lo que implica también el fin de la Verja, “el último muro de la Europa continental”, según Albares. En cualquier caso, aseguró, con este acuerdo queda “totalmente claro” que España no renuncia “en ningún momento” a su reclamación de soberanía. Concretamente, según la declaración conjunta firmada por las tres partes, el acuerdo “salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción”. Por su parte, su antecesora en el cargo, Arancha González Laya, también del PSOE, expresó su satisfacción (en el informativo <em>24 horas</em>) por “los cientos de ciudadanos que ven restaurados sus derechos a un tránsito normal por uno de los últimos bastiones de anormalidad dentro de la UE”. <h5><strong>García-Margallo</strong></h5> En un sentido muy diferente, José Manuel García-Margallo declaró a RNE que no veía “ninguna ventaja en que un país independiente como el nuestro asuma que siga vigente una colonia, la única que existe en el territorio europeo”. Asimismo, durante una entrevista en el programa <em>TRECE Al Día</em>, de la COPE, el que fuera ministro de Exteriores durante la primera legislatura de Mariano Rajoy aseguró que, en efecto, se trata de un acuerdo “absolutamente histórico” pero “por las peores razones”, y porque supone “la renuncia de España a recuperar la soberanía del Peñón” y “a reclamar que el Campo de Gibraltar tenga un desarrollo propio y autónomo”. Para el exministro, el acuerdo legitima de forma irreversible el modelo fiscal de Gibraltar, lo que genera una competencia desleal con el resto de la región, y consagra un modelo que impide cualquier incentivo para modificar la situación actual. “No va a haber gibraltareño jamás que quiera salir de estas condiciones”, aseguró. “¿Quién va a establecer una empresa en el Campo si puede hacerlo en el Peñón sin pagar impuestos?”, añadió. García-Margallo lamentó que España haya perdido la oportunidad que se abrió con la salida del Reino Unido de la UE, que también dejó a Gibraltar fuera de la UE. Según el exministro, el derecho internacional y todas las resoluciones de la ONU califican a Gibraltar como “la última colonia en Europa” y establecen que su estatus debe resolverse a través de una negociación bilateral entre España y el Reino Unido, sin posibilidad de autodeterminación. En este contexto, añadió, el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido implica que cualquier futura modificación requeriría el respaldo de la Comisión Europea y de todos los Estados miembros, dificultando enormemente cualquier intento de revisión. “Es aceptar la derrota definitiva”, afirmó. “Teníamos el derecho de veto, ningún acuerdo con Gibraltar podía firmarse sin el consentimiento previo de España, y no se ha hecho uso de eso”, denunció. García-Margallo también recordó la propuesta de cosoberanía que su Gobierno presentó tras el Brexit y que, aseguró, habría hecho posible la creación de una zona económica especial que beneficiara tanto al Peñón como al Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla. “Hubiésemos logrado que el Campo saliese del subdesarrollo al que va a estar condenado mientras siga esta situación”.
