Eduardo González
La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha advertido de que el nuevo Cuerpo de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat de Cataluña podría “afectar a la competencia exclusiva del Estado”.
El pasado 21 de mayo, el presidente de Cataluña, Salvador Illa, firmó la nueva Ley de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya, que modifica la anterior Ley de 2014 y que prevé la creación del Cuerpo de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat.
La nueva Ley catalana fue publicada el pasado 3 de junio por el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recordó, en el preámbulo, que “el título V del Estatuto de autonomía de Cataluña reconoce y delimita las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea (capítulo II) y las diferentes dimensiones de su acción exterior (capítulo III), regulando una práctica muy extendida, fijando nuevas metas de proyección europea e internacional y definiendo los instrumentos para alcanzarlas”.
La principal novedad de la nueva Ley es la creación del Cuerpo de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat de Catalunya, entre cuyas funciones figuran la de facilitar “el establecimiento y el mantenimiento de las relaciones con gobiernos y sus representantes en el exterior, instituciones de la Unión Europea, organismos internacionales y redes de cooperación territorial y sectorial” y la de “colaborar en la definición y aplicación de mecanismos para apoyar a la ciudadanía y a las comunidades catalanas en el exterior”.
Al respecto, la ADE advirtió este martes en un comunicado de que la nueva Ley atribuye al recién creado Cuerpo de Acción Exterior de la Generalitat funciones (concretamente, las dos citadas anteriormente) que, “dependiendo de cómo se desarrollen en la práctica, podrían afectar a la competencia exclusiva del Estado que establece el artículo 149 de la Constitución en materia de relaciones internacionales y de emigración, así como a la asistencia consular que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación presta a los ciudadanos españoles en el exterior”.
“Resulta por ello esencial que el desarrollo y aplicación de esta Ley estén regidos por los principios de buena fe, respeto al orden constitucional y lealtad institucional”, concluyó.
