<h6><strong>Xabier González Barkos</strong></h6> <h4><strong>Doce de junio de 1985. En el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, firmaba el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas. Junto a él, Portugal rubricaba el mismo documento. Para España, el acto suponía el final de un largo y complejo camino diplomático que había comenzado en 1977 con la solicitud formal de adhesión. La entrada en vigor, sin embargo, no se haría efectiva hasta el 1 de enero de 1986, fecha que marcaría el inicio práctico de una transformación sin precedentes para el país.</strong></h4> Cuatro décadas después, este aniversario se presenta como una ocasión idónea para reflexionar sobre los beneficios, retos y logros de la integración europea para España. Más que un balance nostálgico, el momento invita a valorar el papel que ha desempeñado la Unión Europea en el desarrollo económico, institucional, social y geopolítico del país, así como el lugar que España ocupa hoy en el proyecto europeo. <h5><strong>Un impulso económico sin parangón</strong></h5> La adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea significó, ante todo, un salto cualitativo para la economía española. En apenas cinco años, el Producto Interior Bruto se duplicó, pasando de 164.000 millones de dólares en 1985 a casi 380.000 millones en 1990. La renta per cápita, por su parte, creció más de un 100 %, consolidando a España como una economía de renta alta y plenamente integrada en el mercado común europeo. Este crecimiento se vio apuntalado por la llegada masiva de fondos estructurales y de cohesión, que desde entonces han contribuido de forma esencial a la modernización del país. España ha sido históricamente uno de los principales beneficiarios netos del presupuesto comunitario, y entre 2021 y 2027 tiene asignados más de 35.000 millones de euros en ayudas para inversión en infraestructuras, digitalización, transición energética y cohesión territorial. En el plano físico, el cambio fue igualmente visible. De los poco más de 2.000 kilómetros de autovías que existían en 1985, España cuenta hoy con una de las redes más amplias de Europa, con más de 13.000 kilómetros. La modernización del ferrocarril, los puertos y los aeropuertos ha seguido una lógica similar, impulsada en gran parte por financiación europea. <h5><strong>Consolidación democrática y progreso social</strong></h5> Pero la integración europea ha ido más allá de lo económico. Tras salir de una dictadura de casi cuarenta años, la adhesión a las Comunidades Europeas supuso un respaldo clave al proceso de democratización española. No en vano, los criterios políticos de acceso exigían una consolidación institucional, respeto al Estado de derecho y garantía de los derechos fundamentales. La Unión ha sido, desde entonces, una palanca para la modernización social del país. Gracias a fondos como el Fondo Social Europeo o el FEOGA, España ha podido reforzar sus sistemas de educación, salud y servicios sociales. La sanidad pública se universalizó, el sistema educativo se amplió y se adoptaron políticas activas de empleo alineadas con las directrices comunitarias. La igualdad de género y los derechos de las minorías también han avanzado de la mano del marco normativo europeo. Leyes sobre igualdad salarial, conciliación laboral, protección frente a la discriminación o violencia de género han sido impulsadas o armonizadas desde Bruselas, promoviendo estándares más justos y democráticos. <h5><strong>Europa como espacio de ciudadanía</strong></h5> Uno de los cambios más visibles para la ciudadanía ha sido la libertad de circulación. Gracias a la firma del Acuerdo de Schengen y a la integración progresiva del mercado único, millones de españoles han podido estudiar, trabajar, viajar o residir en otros países europeos sin apenas restricciones. El programa Erasmus ha beneficiado a más de 700.000 estudiantes españoles desde su creación, convirtiéndose en una herramienta de movilidad y europeización sin precedentes. A su vez, España ha acogido a cientos de miles de europeos que han elegido el país para vivir o invertir. La ciudadanía europea —concebida como complemento de la nacional— ha reforzado una identidad compartida y ha ampliado los derechos y libertades más allá de las fronteras estatales. <h5><strong>Política exterior, defensa e influencia internacional</strong></h5> En términos geopolíticos, la pertenencia a la UE ha permitido a España reforzar su papel internacional. Desde su entrada, el país ha ocupado una posición activa en la configuración de las políticas comunes, desde la agricultura hasta la política de vecindad. Ha ejercido la presidencia del Consejo de la UE en cinco ocasiones —la última en 2023— y cuenta con 61 eurodiputados en el Parlamento Europeo. España ha sido, además, un defensor destacado de la cooperación con América Latina y el Mediterráneo, regiones prioritarias en la acción exterior europea. También ha abogado por reforzar la autonomía estratégica del continente, sobre todo en materia energética, tecnológica y de defensa, especialmente tras el giro geopolítico derivado de la guerra en Ucrania. <h5><strong>Retos persistentes y desafíos de futuro</strong></h5> A pesar de los logros, no todo ha sido lineal. En estos 40 años también han aflorado tensiones y desafíos. La crisis financiera de 2008 golpeó con dureza a España, expuesta entonces a una excesiva dependencia del ladrillo y al desempleo estructural. Las medidas de austeridad impulsadas desde Bruselas provocaron un desencanto en parte de la población, que percibió la Unión como un actor distante y tecnocrático. Más recientemente, la aparición de fuerzas euroescépticas ha introducido un matiz inédito en la política nacional. Aunque el apoyo a la UE sigue siendo mayoritario (alrededor del 74 %, según el Eurobarómetro), partidos como Vox han cuestionado el proceso de integración y defendido postulados de soberanía nacional incompatible con ciertas políticas comunes. La ampliación hacia los Balcanes, la reforma de los tratados, el papel del euro, la transición verde y la presión migratoria son temas que marcarán la próxima década, y en todos ellos España deberá definir una posición clara y constructiva, alineada con sus intereses pero también con el interés común europeo. <h5><strong>Un aniversario conmemorativo y simbólico</strong></h5> Con motivo de este 40.º aniversario, el Gobierno de España organizó el pasado 11 de junio en Toledo un acto conmemorativo presidido por el expresidente Felipe González, uno de los artífices de la adhesión, y por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Durante la ceremonia se rindió homenaje al Tratado de Adhesión y a sus protagonistas, y se subrayó la importancia de reforzar el proyecto europeo ante los riesgos del populismo y la polarización política. El evento sirvió también para reconocer la labor de figuras clave como José Enrique Serrano, asesor de González y posteriormente de José Luis Rodríguez Zapatero, por su papel en la arquitectura institucional del país en clave europea. Además, distintas comunidades autónomas, como La Rioja o Castilla y León, han programado durante el mes de junio actividades conmemorativas, desde talleres escolares hasta espectáculos públicos con vocación didáctica. <h5><strong>Una historia compartida, un futuro por construir</strong></h5> A lo largo de estos 40 años, la Unión Europea ha sido, sin duda, el principal motor de transformación para España. El país ha pasado de ser una economía semiperiférica y políticamente joven a convertirse en un actor consolidado del núcleo europeo. La relación con Bruselas ha sido, como todas las alianzas profundas, compleja pero fructífera. Hoy, ante los desafíos globales —desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial, desde las tensiones geopolíticas hasta la competencia global—, España debe seguir apostando por una Unión fuerte, cohesionada y estratégica. El aniversario no solo es un ejercicio de memoria, sino también una invitación a renovar el compromiso con Europa, entendida no como un ente abstracto, sino como un espacio de derechos, oportunidades y progreso compartido.
