<h6><strong>Ane Barcos</strong></h6> <h4><strong>Un informe de la Comisión Europea adelantado por <em>El Español</em> pone en duda la legalidad y proporcionalidad de la Ley de Amnistía aprobada en España, señalando que podría tratarse de una «autoamnistía» destinada a proteger a ciertos actores políticos.</strong></h4> El Ejecutivo comunitario recuerda que “las leyes de amnistía son medidas excepcionales que despenalizan hechos que normalmente son perseguidos” y que deben respetar principios fundamentales como “la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley”. Según la información publicada por <em>El Español</em>, la Comisión Europea, en un informe presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado 9 de diciembre, aunque no fue hasta mayo cuando las partes litigantes pudieron conocerlo, cuestiona si la Ley de Amnistía española cumple con estos requisitos. El informe señala, según lo publicado por <em>El Español</em> que “no parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión”. De hecho, advierte que esta norma configura una “autoamnistía”, dado que “los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español” y forma parte de “un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, lo cual podría vulnerar el principio del Estado de derecho. Asimismo, Bruselas critica la tramitación acelerada de la ley, aprobada “por vía de urgencia, eludiendo así importantes informes de órganos consultivos y sin consulta pública”. Esta forma de proceder ha contribuido, según el informe, a “ahondar una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española”. Pese a estas tensiones, el Ejecutivo europeo señala que las autoridades españolas “no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia” para realizar un diálogo “con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales” y lograr la “reconciliación social y política”. Además, alerta sobre la falta de claridad en el ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía, indicando que el legislador “no atendió las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre el ámbito de aplicación material y temporal”, lo que genera inquietudes porque “puede dar lugar a exenciones de responsabilidad de personas que normalmente no deberían ser contempladas habida cuenta del objeto de la ley”. Asimismo, la Comisión advierte que la legislación impone limitaciones procesales que podrían obstaculizar la correcta evaluación judicial de la amnistía. En concreto, señala que “una obligación impuesta por la legislación nacional a los órganos jurisdiccionales nacionales de alzar todas las medidas cautelares antes de haber decidido si la aplicación de la amnistía está justificada en un caso concreto… es incompatible con los principios de primacía del Derecho de la Unión” y que, además, “impone un plazo imperativo de dos meses para decidir sobre la aplicación de la amnistía que no permite la suspensión de dicho plazo en caso de que el órgano jurisdiccional nacional considere necesario plantear una petición de decisión prejudicial”. Tras la difusión de esta información, la Comisión Europea advirtió este martes que «los informes de la Comisión al Tribunal no son públicas» y que «las filtraciones son una violación de las normas de procedimiento del Tribunal», lo que «pone en riesgo la serenidad de los procedimientos judiciales». Por ello, insistió en que no realizará comentarios adicionales sobre el contenido del informe para no interferir en el desarrollo de los procesos judiciales en curso. Asimismo, al ser preguntada sobre si incluirá recomendaciones para modificar o derogar la Ley de Amnistía en el próximo informe sobre el Estado de derecho en España, la portavoz de la Comisión, Paula Pinho, evitó pronunciarse, argumentando que no puede prejuzgar sobre asuntos que aún no han sido adoptados ni resueltos por el Tribunal.
